Mientras España se convierte en un gigantesco frenopático gracias a la ambición desmedida del socialista Pedro Sánchez y al odio hacia lo español (auténtico fet diferencial) del separatista Carles Puigdemont, en Ibiza algunos siguen estrujándose las meninges para saber cómo resolver el gravísimo problema de la falta de vivienda. El Consell y los ayuntamientos, con el decreto de emergencia habitacional del Govern en la mano, han puesto sobre la mesa la posibilidad de que sean los municipios los que levanten edificios para funcionarios. El sector turístico, por su parte, plantea que se le permita construir en sus propios terrenos residencias para sus trabajadores. Y el Ibavi se reserva la potestad sobre viviendas de protección oficial.
Empezaré por el final. Lo de que los hoteleros se construyan sus propias residencias es una buena idea. No en balde, sus necesidades laborales han contribuido enormemente a tensionar el mercado inmobiliario. Muchos propietarios prefieren alquilarles a ellos sus viviendas antes que a una familia porque confían más en una empresa que en dos matados con sueldo medio, niños y mascota. Si sacamos a esos trabajadores de la búsqueda de piso, la cosa podría relajarse bastante.
Lo que no acabo de entender es lo de la Administración. El funcionario medio tiene ya numerosas prebendas que, junto con sus sueldos, financiamos entre todos los ciudadanos. Me parece muy bien que ese sea el premio al supuesto esfuerzo de sacarse una oposición. Pero no termino de ver claro eso de que, además, les paguemos la casa. Lo mismo se puede decir del Ibavi, cuyas viviendas, que también pagamos nosotros, deberían destinarse a los más vulnerables. En medio estamos un inmenso grupo de ciudadanos sin capacidad de acceder a un piso en condiciones y sin la esperanza de que alguien se acuerde de nosotros. Así que, como diría JLo, y nosotros, ¿pa cuándo?