Ayer tuve que acompañar a un familiar al Hospital Universitario de Son Espases. Naturalmente, a la vista de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, me proveí de mascarillas antes de salir de casa. Tenía un paquete sin abrir donde guardo los medicamentos. No había hecho uso de ellas desde hace, qué se yo, ¿dos años? Ni me acuerdo. Pero ahí las tengo, por lo que pueda pasar. No necesito que la ministra de Sanidad, la doctora Mónica García, ni la consellera de Salud del Govern balear, la doctora Manuela García, decreten la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sanitarios, las farmacias, las residencias de ancianos o el transporte público. Es de sentido común que, tras una recomendación basada en la necesidad de contener la propagación de la gripe y de la Covid-19, aquellos que puedan, atiendan dicha medida. ¿Es preciso que se obligue a ello? No debería serlo. Lo sensato es atender a las sugerencias de los médicos y enfermeras, cuando nos azota con fuerza la gripe y otras infecciones respiratorias.
La mascarilla es una medida de protección eficaz, que cuesta poco trabajo usar, pero también lo es vacunarse, sobre todo los grupos de población de riesgo. Pero estamos muy lejos de haber inmunizado a una parte significativa de los mayores de 65 años, ni de otros segmentos de la población sensibles. Los porcentajes de personas vacunadas son muy bajos. Yo debo reconocer que este año, al comienzo de la campaña de vacunación, me vacuné de la gripe por primera vez en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque me siento más seguro y protegido. Sin embargo, en contra de la evidencia científica, hay quien se siente más vulnerable si se inmuniza. ¿Tiene alguna lógica? No la tiene. Tampoco que haya que obligar a ponerse mascarilla en los centros de salud, cuando debería salir de cada uno.