Que la política en nuestro país es como un mar de aguas revueltas es más que evidente y en las previsiones que se puedan hacer del futuro, tanto a corto como a medio plazo, no se vislumbran días de calma en los que ese mar vaya a poder estar como una balsa de aceite. Ya en los días posteriores a la investidura de Pedro Sánchez como Presidente, opiné que la legislatura que acababa de arrancar iba a ser bastante convulsa y que no tendría ni un solo momento de tranquilidad, sería una legislatura de negociación permanente.
Opiné que sería así dada la cantidad de partidos con los que fue necesario pactar para conseguir la mayoría necesaria para poder formar un gobierno. Pero claro, la mayor dificultad no era en ese momento la propia cantidad de partidos y si parecía evidente que la ideología de alguno de ellos iba a resultar el mayor obstáculo. Ha bastado que llegara la primera ocasión en la que ha sido necesario reunir a esa mayoría absoluta de votos, para comprobar que el camino esta efectivamente repleto de grandes obstáculos que hay que salvar para intentar seguir adelante.
Era previsible que la mayor dificultad sería lidiar con los partidos independentistas catalanes, como así ha sido en la primera ocasión que se han necesitado sus votos; habiéndose subido recientemente al carro de los problemas los cinco diputados de Podemos, a los que me referiré más adelante. Lo primero que se ha escenificado es la gran dificultad que supone tener que negociar con un partido que solo hace política mirándose al ombligo, importándole muy poco todo lo que pueda estar ocurriendo a su alrededor, por importante o urgente que pueda ser socialmente.
Que quien tenga la capacidad de decisión en las cuestiones que afectan a una gran mayoría de ciudadanos del nuestro país, sea un partido independentista con poco o ningún sentimiento de solidaridad con las necesidades de esa mayoría, dificulta enormemente la posibilidad de acabar aprobando propuestas que son urgentes para poder seguir avanzando. Que Junts se haya atrevido tan siquiera a condicionar sus votos a propuestas tan absurdas y ridículas como las planteadas sobre el regreso de las empresas que abandonaron Cataluña en la época del «procés», ya resulta preocupante en sí mismo y pone sobre la mesa el grado de esquizofrenia que afecta a los dirigentes de ese partido catalán.
Pero todavía hay más; finalmente el sentido del voto de Junts en el trámite de aprobación de tres decretos del gobierno progresista de Sánchez, se ha acabado pactando en base a una concesión que bien mirado no tiene ni pies ni cabeza. Se trata de la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. En primer lugar cabe señalar que esta petición de Junts parte de unas reflexiones sobre la repercusión de la inmigración en Cataluña, que no están exentas de un cierto carácter xenófobo. En segundo lugar no podemos olvidar que esa es una concesión que se pacta con un partido que esta fuera del gobierno de Cataluña, que es quien debería aplicar la citada delegación si se llegara a hacer efectiva. Qué lógica se puede desprender de la posibilidad de aprobar algo con un partido político que no tiene la posibilidad de aplicarlo, ya que no está gobernando. Si este ha de ser el nivel de negociación que se vaya a proponer por un lado y a aceptar por el otro, en muy mal lugar deja a los negociadores por ambos bandos.
Y siguiendo con las dificultades que pueda tener el Gobierno del Estado para sacar adelante sus propuestas, recientemente ha aparecido una nueva piedrecilla en el zapato del mismo, que dificulta su andadura. Me refiero claro a la aparición en escena de los cinco tránsfugas de Podemos que acaban de hacer que se rechazara un decreto que había de favorecer claramente a un gran número de trabajadores en paro, por más que desde la formación morada se intente explicar con argumentos tendenciosos.
Lo cierto es que quienes consiguieron sus escaños formando parte de las listas de Sumar, ya que de haber acudido solos podrían haber acabado estrellados en el fondo del acantilado, ahora abandonan el grupo parlamentario al que pertenecían y con esta votación de decretos en el Congreso, confirman su traición. Tal forma de actuar solo puede tener un nombre y no es otro que «transfuguismo». Podemos no ha actuado por razones técnicas, ni tan siquiera con argumentos económicos contrastados, ha votado desde sus vísceras, con un evidente ánimo de venganza hacia quienes les facilitaron los escaños que ahora ocupan. La formación morada con Belarra y Montero a los mandos, está en caída libre.
Lo cierto es que queda demostrado que la mayoría pactada para la investidura, no se extiende al resto de la legislatura y que lo ocurrido en este primer envite pone en evidencia la enorme dificultad que va a suponer gobernar y lo difícil que va a resultar agotar la legislatura en estas condiciones.