La tragedia sucedida en Barbate y que sacudía nuestros corazones debería haber sacudido también las conciencias de quienes tomaron la decisión política de desmantelar la unidad de lucha contra el narcotráfico en la zona.
El déficit de medios disponibles dejó en franca desventaja a una patrulla de jóvenes guardias civiles que se dejaron toda una vida en las aguas del sur, luchando contra las mafias que operan en el Mediterráneo. Una gesta tan heroica como evitable si nuestros agentes hubiesen tenido mejor defensa que una lancha neumática corriente.
Esta desgracia nos deja un mensaje incontestable: el éxito de la seguridad colectiva y la lucha contra la criminalidad es directamente proporcional a los medios disponibles para combatirla. Una conclusión que el Ministerio del Interior debería tener en cuenta, muy especialmente en aquellos territorios donde la delincuencia incrementa y se consolida.
Los datos de la última tasa de criminalidad sitúan a Baleares en la cima del ranking nacional, siendo la isla de Eivissa la que presenta el balance más elevado de todo el archipiélago, con cerca de 80 delitos por cada mil habitantes. Mientras esto sucede, la ausencia de agentes se incrementa y se reducen forzosamente sus capacidades de respuesta operativa, todo ello sin perjuicio de reconocer singularmente su gran vocación de servicio y profesionalidad.
El hecho de que la unidad de atestados de la Guardia Civil cuente con un solo agente o que únicamente 13 de las 48 plazas ofertadas en la isla se hayan cubierto en la última convocatoria, nos traslada a una Eivissa vaciada -de agentes-, a las puertas de una Eivissa a punto de llenarse.
La infructuosa fidelización de las plantillas tiene múltiples derivadas, la mayoría de ellas relacionadas con una insuficiencia retributiva que impide acomodar el salario de los agentes a la carestía de la vida en la isla más cara de todas. Sin embargo, la fidelización natural de los agentes es cosa del pasado. De otra Eivissa distinta. De aquella Eivissa que ofreció más oportunidades de futuro a quien quiso quedarse.
Así las cosas, no queda más que provocar una fidelización inducida y asistida a través de incentivos para atraer a más agentes de seguridad. Medidas que pasan porque el Gobierno del Estado les reconozca definitivamente un complemento retributivo justo que compense el sobrecoste de la realidad insular o proporcione soluciones residenciales públicas frente a un mercado inmobiliario intratable y agravado por una ley de vivienda excesivamente contraproducente.
Se trata de voluntad política. De aplicar, desde la administración competente -el Gobierno de España-, las mismas fórmulas que ha venido aplicando el Govern de Marga Prohens en la sanidad pública ibicenca ante la carencia de facultativos y especialistas. Treinta nuevas incorporaciones a la sanidad ibicenca para contrarrestar el déficit sanitario de cardiólogos, anestesiólogos y oncólogos, entre otros muchos especialistas. Todo esto eliminando muros y tendiendo puentes. Todo esto decretando plazas de muy difícil cobertura, lo que implica incentivar económicamente a los sanitarios para atraer todo su talento y hacerles la vida mucho más fácil. Pues de eso mismo va un Estado Social, de procurar la protección del bienestar de todos sus ciudadanos en condiciones de igualdad, cueste lo que cueste.
Sin perjuicio del ejemplo de responsabilidad y compromiso social que nos deja el supuesto anterior, no menos ha sido el Consell Insular y los ayuntamientos gobernados por Marcos Serra en Sant Antoni, Carmen Ferrer en Santa Eulària o Rafa Triguero en Eivissa, que han facilitado inmuebles de titularidad pública poniéndolos a disposición del Ministerio del Interior para acomodar la estancia de agentes de seguridad. Soluciones intermedias asumidas por administraciones sin competencias en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho queda.
Ahora está por ver a qué altura se sitúa un Gobierno de España que permanece como espectador ante el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos del Estado en las islas. Y está por ver la actitud que adoptará la Delegada del Gobierno en Eivissa y Formentera, quien no debería ejercer de obediente y abnegada defensora de los intereses políticos del Gobierno cuando el interés general determina otro comportamiento. Debería tomar partido y liderar la solución. De lo contrario, se convertirá en un instrumento más al servicio de un Gobierno insensible e insensato con nuestros funcionarios y nuestra seguridad colectiva. El reconocimiento a un complemento retributivo por razón de la insularidad a los funcionarios del Estado que prestan servicio en las islas no debe estar sujeta a los intereses del partido del gobierno. Es una cuestión de justicia social.