Pisos turísticos. Guerra sin cuartel

En las últimas semanas, probablemente, se habrá topado con alguna de las muchas noticias que han aparecido sobre la lucha del Consell de Eivissa frente a los pisos turísticos: batidas con policías locales, balance de sanciones, persecución a los responsables de múltiples anuncios, y un largo etcétera que se puede comprobar con un simple repaso a la hemeroteca de estos días.
Y no. Todo esto no es una simple cortina de humo ni un «aviso a navegantes» en los días previos de temporada. Esto es una lucha intensa y constante para la que ya no hay vuelta atrás. Una lucha a la que acudimos bien armados, sin renunciar a nuevas armas que nos hagan ser más eficaces y rápidos.
Para entender el momento en el que estamos, vale la pena hacer dos pinceladas de las acciones que, desde su llegada al poder en 2019, ha hecho el equipo de gobierno del Partido Popular, capitaneado por Vicent Marí, en lo referente a esta batalla. Comenzando, por supuesto, con el compromiso cumplido de crear la primera Oficina de Lucha contra el Intrusismo, que nos permitió poner orden en los recursos con los que contaba el Consell de Eivissa, y especializar a un grupo de trabajadores en esta lucha.
Gracias a esa especialización, desde el Consell impulsamos numerosas modificaciones legislativas que nos han permitido ser más fuertes en esta lucha: multiplicamos la cuantía mínima de las sanciones a la que se enfrentan los piratas, pasando de 20.000 a 40.000 euros; permitimos que los inspectores pudieran reservar un piso de forma anónima sin tener que indicar en la reserva que se trata de un inspector de turismo lo que, obviamente, entorpecía su labor; y, por último, se castiga la obstrucción a la labor inspectora, que hasta el momento ejercían impunemente porteros de finca y presidentes de comunidad.
Además, internamente hemos mejorado nuestros procedimientos, para que la detección sea más rápida, la tramitación sea más eficaz, tapando algunos subterfugios con los que algunos piratas habían conseguido hacer el agosto. Un ejemplo de esto último son los distintos protocolos firmados con varias plataformas digitales de comercialización de estos pisos turísticos ilegales, que han permitido eliminar más de 450 anuncios y, lo que es más importante, identificar directamente a 130 piratas a quienes, si no les ha llegado ya, en breve recibirán una cuantiosa multa de parte del Consell. Además, esta legislatura hemos logrado sumar efectivos gracias a la colaboración de todas las policías locales de la isla. Aprovecho desde aquí para agradecer a los alcaldes y alcaldesas su determinación en sumarse al Consell Insular para acabar con esta lacra.
Los números hablan por si solos. Según un análisis de la principal patronal turística de España, Exceltur, desde la creación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, se anuncian en Airbnb un 40% menos de plazas ilegales (comparativa 2019 vs 2023), lo que significa que mucha gente ha entendido el mensaje: tarde o temprano la Oficina de lucha contra el Intrusismo acabará por encontrarte, como ha hecho con los cientos de infractores que ya han pagado más de 2,1 millones de euros en multas.
Y ante esto, somos optimistas, pero no conformistas. Somos optimistas porque estamos andando en la buena dirección, pero no conformistas porque, es obvio y basta con salir a la calle, para ver que es mucho el trabajo que nos queda. Retos por lo que no dejaremos de insistir ante quien sea, como el Gobierno de España, a quien hemos pedido en varias ocasiones que active de una vez la directiva europea que creará la autoridad nacional coordinadora, que permitirá establecer un procedimiento automático para eliminar anuncios ilegales y, sobre todo, obligará a las plataformas a responsabilizarse de los anuncios ilegales que decidan compartir sin comprobar ante la autoridad si cumplen o no con las normas.
Igualmente, el trabajo de estos años ha conseguido que el Govern balear hable abiertamente, por fin, de la necesidad de implicarse en esta lucha. Hemos pasado de tener un ejecutivo autonómico que lo único que hacía era mandar a un conseller emisario a reñir a los ibicencos, a una presidenta, Marga Prohens, que habla abiertamente del siguiente reto al que nos enfrentamos: tipificar el alquiler turístico en el reglamento de actividades, posibilitando a las policías locales a tomar medidas drásticas e inmediatas.