Opinar es práctica habitual. Hasta deporte nacional. Se opina de todo y de todos a todas horas. Tal es así, que el derecho a opinar debe formar ya parte del elenco de los más esenciales derechos y libertades del ser humano recogidos en todas las declaraciones universales. Da igual que se trate de un experto conocedor de la materia en cuestión o que no se tenga ni pajolera idea. Eso es lo de menos. La opinión, por su propia esencia, es libre y subjetiva, ahí la gracia. No necesita sustentarse en datos ciertos, que para eso cada individuo tiene la suya. Pero, sobre la base del libre ejercicio del derecho a opinar, se pueden cometer graves incorrecciones o dejar en el olvido, de forma interesada o no, datos relevantes a tener en cuenta. Ojo, que la opinión de uno, aun errónea, puede extenderse como la peste, siendo rápidamente tomada como propia por otro y así, sucesivamente, hasta el infinito y más allá. Y a ver quién tiene bemoles de osar a llevar la contraria de forma fundada a quien hace ejercicio legítimo de su derecho a opinar. En ese caso no lo estarás corrigiendo o ilustrando, sino cercenando de raíz su más elemental realización como ser humano.
Es libre la opinión en materia de vivienda, tema estrella de nuestras islas, faltaría más. Pero que se llegue a imputar a los juzgados y tribunales no dar una respuesta rápida y, sobre todo, contundente, en materia de ocupación ilegal, sin sacar a colación otros datos relevantes en esa opinión, deja la cuestión algo coja. Por el contrario, no se suele poner el foco en los verdaderos responsables del desaguisado, esos que han propiciado que los precios de los alquileres sean desorbitados e imposibles de pagar por un trabajador medio. Quienes especulan con sus inmuebles hasta el punto de convertirlos en pateras, vulnerando los más elementales principios éticos y morales. Quienes han empujado a los ciudadanos a malvivir en caravanas o tiendas de campaña allá donde puedan o se les deje. Se alquilan viviendas, habitaciones o balcones a precios desmedidos y, habitualmente, por si faltara algo, todo más negro que el humo. Esos no, esos no tienen culpa de nada. Es la justicia la culpable por no coger del cuello al indebido ocupante y arrojarlo por la ventana en una nueva modalidad del balconing que tanto gusta a nuestros peculiares visitantes. Como si eso fuera tan fácil.
Como se viene poniendo de manifiesto desde todos los ámbitos, la situación de la administración general del estado en nuestro territorio es más que deficitaria debido, precisamente, a los altos costes de vida, lo que bien podría mitigarse a través de la actualización de un plus de insularidad del que siempre se habla, pero que nunca llega. «Hoy no, mañana», como diría José Mota. No escapa de este problema la administración de justicia, evidentemente. Solo tienen que ver la reciente noticia publicada relativa a que cesarán noventa funcionarios, atención, y tan solo ingresarán cuatro. Ya me dirán si eso no es una muestra evidente de que el lugar no es nada atractivo para los trabajadores públicos esenciales en el funcionamiento de la administración. ¿Quién creen que hará el trabajo de esos ochenta y seis trabajadores públicos menos? Ya se lo digo yo, nadie. No sé si se llega a entender la gravedad del asunto. Los trabajadores públicos son el motor del coche. Sin ellos, sencillamente, la cosa no funciona. Algo así como una obra sin peones, que a la postre son los que agachan el lomo.
Tampoco se tiene en cuenta que es al legislador al que le corresponde dotar de instrumentos aptos para que los procedimientos tendentes a desocupar las viviendas resulten eficaces y efectivos, amén de rápidos, incluso más que los desalojos de esas conocidas empresas que han encontrado en ellos un filón. Si la ley previera la posibilidad de una desocupación ipso facto, no seríamos nosotros quienes dejáramos de aplicarla, se lo aseguro. De igual forma, se prescinde al opinar, de que es la ley, elaborada por otros, la que permite que el procedimiento se suspenda porque una de las partes alegue encontrarse en situación de vulnerabilidad económica o por el hecho de solicitar acogerse al beneficio de justicia gratuita. No es el juez quien hace la ley. Solo aplica lo que otros han decidido que debe aplicar. Y no se debe obviar que, al menos en la jurisdicción civil, rige como regla general el principio dispositivo, que viene a traducirse, para los mortales, en que el juez solo puede acordar aquello que las partes le han solicitado. Más que nada, a colación de quien opina que no usamos la vía del artículo 441.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando para ello resulta absolutamente necesario que el interesado haya formulado una demanda de recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a través de los cauces previstos por el artículo 250.1 4º de dicha norma, lo que, no me digan por qué, ocurre en muy contadas ocasiones.
Y mientras seguimos opinando sobre los taxis piratas, el concurso de los chiringuitos de Formentera o del cambio de manos del casi centenario club náutico de Ibiza, pasará una nueva temporada, llegará otra y la casa seguirá sin barrer. No se han adoptado más medidas en esta materia que sancionar a algunos arrendadores de alquileres turísticos o retirar de páginas web la comercialización de inmuebles con las mismas características y finalidad. Pero los precios siguen estando por las nubes, escasea la vivienda y la gente tiene que seguir malviviendo como puede, si es que no se ven abocados antes a tener que poner tierra de por medio. Sí, también quienes se ocupan de prestar servicios esenciales en nuestra sociedad como la sanidad, la educación, la seguridad o la justicia, con salarios limitados y más blancos que la teta de una monja. Sigamos opinando y hablando mientras escuchamos un año más los cantos de sirena que siempre acaban en el olvido cuando cierran las discotecas. El tiempo pasa y nos volveremos a encontrar a las puertas de un nuevo verano. Ya les adelanto que nada habrá cambiado para entonces. Tampoco hace falta ser un visionario. Cuando sea demasiado tarde llegarán las prisas y los lamentos. Avisados quedan.