Llevamos demasiados años escuchando denuncias de supuestos pucherazos en prácticamente todos los procesos electorales celebrados en este país. Los primeros en cuestionar seriamente el sistema fueron los candidatos de Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, cuando se negaban a aceptar que las urnas los habían colocado como tercera fuerza política del Congreso tras las elecciones generales del 26 de junio de 2016. Los resultados obtenidos un año antes en las europeas, más el correspondiente suflé de los medios, les habían hecho creer que podían dar el sorpasso al PSOE. Entonces y ahora, Indra estaba en el centro del huracán y los podemitas llegaron a recoger miles de firmas para exigir la apertura de una investigación y, llegado el momento, impugnar el resultado de las elecciones.
Desde entonces, cualquiera con cierto éxito en redes sociales puede poner en solfa el mismo sistema y obtener el respaldo de miles de usuarios convencidos de que, efectivamente, Indra, en connivencia con el partido mayoritario de turno, se dedica a evaporar papeletas o crearlas en función de las necesidades de quien gobierna.
Yo confío en el sistema. No me queda otra. Si desconfiara totalmente, promovería salir a la calle como lo hicieron esos adorables CDR en octubre de 2019, cuando, con Tsunami Democràtic, convirtieron el centro de Barcelona en un aquelarre de fuego y adoquines durante una larguísima semana.
Viene esto a cuento de los votos obtenidos por candidaturas como la de Junts en lugares donde eso no tiene sentido que suceda. En Ibiza, por el contrario, las formaciones separatistas catalanas están de capa caída. Entre Junts y Ara Repùbliques, sumaron en las europeas de 2019 un total de 1.827 votos. Cinco años después, han bajado hasta los 649. Eran y son, afortunadamente, irrelevantes. Pero hoy más que nunca. Y que una colla de supremacistas sea irrelevante es lo mejor que puede sucedernos.