Además del tema recurrente de la gravísima problemática de la vivienda, este verano hay un segundo tema de actualidad y sobre el que todos los políticos de turno sienten la necesidad de expresar su opinión: se trata de la masificación turística y sus consecuencias. Además de los políticos, diversas organizaciones ciudadanas en varias comunidades autónomas también han ido convocando concentraciones de protesta reclamando que se ponga fin a la citada masificación.
Pero cabe señalar que las consecuencias que la misma provoca son distintas en función del territorio en el que tenga lugar. En las grandes ciudades lo más destacado es la denominada gentrificación, es decir, el abandono de una zona urbana por parte de la población que habitualmente reside en ella, obligada por otra parte de mayor poder adquisitivo. En estos casos lo que suele ocurrir es que esa población se acaba desplazando a poblaciones cercanas a esas grandes ciudades, con viviendas mucho más asequibles económicamente.
Esos núcleos urbanos acaban pasando de ser zonas residenciales a barrios eminentemente turísticos. El cambio que se provoca es radical. Ahora bien, muy distintas son las consecuencias que la masificación turística provoca en nuestras islas Pitiusas. Aquí no se trata de ocupar un barrio que antes era de residentes para transformarlo en zona turística. Aquí nuestras dos islas en su integridad son zonas conflictivas que sufren graves consecuencias debidas a esa masificación.
Pero vayamos por partes. En primer lugar hay que tomar consciencia de la existencia de un grave problema. En segundo lugar hace falta averiguar qué es lo que lo viene provocando y, en tercer lugar, hay que proponer soluciones claras y efectivas para la resolución del mismo. Ante la evidencia parece que todos reconocen que hay que poner límites a esa masificación. Sin embargo, en determinar cuál es el origen de la misma y en cómo se debería proceder para acabar con ella ya no existe unanimidad.
En nuestro caso, este problema en concreto va directamente relacionado con el de la vivienda que citaba al inicio de este artículo. Quiero y debo recordar el dato ofrecido el pasado verano por el propio director insular de Turismo de que en la isla de Ibiza en la temporada estival había unos 100.000 turistas residiendo en lugares desconocidos y, por supuesto, ilegales. No olvidemos que el número de plazas turísticas regladas en la isla es de 100.000. Por lo tanto, la población flotante, es decir, el número de turistas que recibimos y que está sobre nuestro frágil territorio, es el doble del que legalmente debería. Conociendo este dato, ¿puede sorprender a alguien que la masificación nos esté engullendo?
Parece difícil comprender y aceptar, que si la población censada en la isla es de unos 160.000 habitantes y que a día de hoy muchos de ellos no pueden acceder a una vivienda digna a partir de la que poder montar un proyecto de vida ya que a pesar de tener un trabajo y un sueldo no pueden hacer frente a los desorbitados precios que se piden tanto de alquiler como de compra y, al mismo tiempo, sabemos que hay miles de viviendas dedicadas al alquiler turístico ilegal que están albergando a 100.000 turistas. Blanco y en botella.
De entrada debería haber unanimidad de criterio para que los esfuerzos de todos nuestros representantes políticos tengan como objetivo común luchar a brazo partido para eliminar esa especulación con las viviendas. Es evidente que falta base legal que permita a las diferentes administraciones responsables actuar con plena efectividad. A partir de aquí hay que poner en la calle el número de inspectores necesarios para peinar la isla, localizar esos alquileres ilegales y actuar de raíz, precintando el negocio pirata en cuestión. En el municipio de Vila, el alquiler turístico en plurifamiliares no está permitido y el trajín de turistas deambulando por las calles con sus maletas buscando el piso que no deberían haber podido alquilar es constante. Y ello se viene produciendo cada vez en más barrios. Ahora es habitual ver a turistas con maletas y el móvil en la mano buscando su piso, incluso en barrios como pueda ser Cas Serres.
Todo ello para que luego tengamos que escuchar o leer declaraciones de los políticos, tanto de gobierno como de la oposición, alardear unos de unas ridículas e ineficaces sanciones económicas o negando otros la vinculación directa del alquiler turístico ilegal con la grave problemática de vivienda y con la proliferación de los asentamientos ilegales de la vergüenza.
No es tan difícil aceptar el origen del problema y poner todos los medios económicos, materiales y personales al servicio de quienes tienen la obligación de velar por nuestro bienestar, por nuestras necesidades y por mantener el valor de la isla que nos puede garantizar un futuro tan próspero como ha venido siendo nuestro pasado vinculado al turismo.
Controlar la masificación no se puede equipar a la denominada turismofobia. No hay que demonizar al turista, hay que acabar con el especulador.