El desalojo de Can Rova es uno de los episodios más vergonzosos de los que he visto en esta isla en mucho tiempo. En el asentamiento han malvivido hasta este miércoles unas 700 personas, menores incluidos. Un negocio redondo para el propietario que, sin embargo, le ha reventado en las manos cuando sus familiares han visto que no podían participar del mismo. Pura avaricia avalada por las leyes y la Justicia.
Los políticos que han visto crecer Can Rova sin hacer nada por evitarlo son los que se llenan la boca anunciando políticas de vivienda que no pasan del papel. Su realidad oscila siempre entre la necesidad de proteger a los propietarios (se ve que aquí no hay inquilinos honrados) y el reproche a unos fantasmales fondos buitre o, aun peor, a los forasters.
Mientras tanto, desde hoy hay 700 almas más pululando por la isla sin saber a dónde ir. Con nómina, con niños, con caravana, pero sin vivienda. Muchos les dirán que se vayan, que aquí sobran, que si tanto les cuesta vivir en Ibiza que busquen un sitio más asequible… Argumentos en los que subyace una vomitiva xenofobia con tintes supremacistas. Lo normal en el catalanismo.
Hay otros lugares en los que se dan pasos decididos para evitar otros Can Rova. Ahí está la liberal Andorra, que acaba de prohibir la tenencia de más de dos pisos a empresas extranjeras, a los no residentes y a los residentes que lleven menos de tres años en el país. También ha aprobado expropiar el usufructo de los pisos que lleven dos años vacíos para destinarlos a alquiler social durante cinco años. Ha prohibido los pisos turísticos y ha dificultado la renovación de las licencias ya concedidas. Ha prohibido las promociones inmobiliarias extranjeras salvo que sean para alquiler. Y ha fijado un impuesto de 100 euros por metro cuadrado para los pisos vacíos. ¿Se puede? Sí, se puede. El problema es que en Ibiza no se quiere.