Basta con echar un ojo por algunas de las plataformas de comercialización turística on line para encontrar centenares de habítaculos, viviendas y pisos que se alquilan a turistas. El alquiler de pisos a turistas está completamente prohibido en Ibiza y Formentera desde hace muchísimos años, pero el auge de la plataforma AirBnb y la falta de control sobre la misma ha provocado que los alquileres de pisos a turistas y cualquier otro ‘zulo’ (no olvidemos que se alquilan tipis y casetas de jardín y hasta casetas de obra) proliferen sin parar. Esto provoca que, inevitablemente, la oferta de pisos y habitaciones para todo el año se reduzca y la que queda disponible se dispare, llegando a verse que piden 1.000 euros o más por una habitación en alquiler todo el año. Los ayuntamientos y el Consell han encontrado una fórmula que, a la vista de los primeros ejemplos que estamos viendo con Santa Eulària, puede que sea la clave o una de las claves para acabar con esta lacra. Y es que los consistorios tendrán un criterio unificado y pueden multar por la vía urbanística, es decir, si un piso o una casa está en suelo residencial no puede ser destinado a un fin turístico. Ahora, por fin, podría empezar a verse la solución a este problema con la doble imposición de multas por la vía urbanística a través de los ayuntamientos y la turística a través del Consell. Pero habría que sumar otra más: la de Hacienda, una vía que algunas patronales hace tiempo que proponen y que podría ser muy efectiva para la persecución del alquiler turístico ilegal porque, ya se sabe, que todo lo que toca el bolsillo, pica y duele y quizá es la manera de que quienes se lucran con el alquiler turístico ilegal entren en razón.