En el pleno del Parlament de este martes la diputada socialista Mercedes Garrido preguntó al conseller José Luis Mateo por el plan de ‘Lloguer segur’. La parlamentaria criticó la idea del Govern de sacar al mercado pisos de alquiler y, como buena socialista, dijo que este plan lo que conseguirá es saciar la ambición de los malvados propietarios de los inmuebles. Con otras palabras, pero con el mismo mensaje.
Aunque es posible que muchos diputados socialistas tengan 3 o 4 viviendas en propiedad (la ministra de la Vivienda suma 5) algunos de ellos siguen creyendo que el problema de la vivienda se debe únicamente a los propietarios de inmuebles, que prefieren tener los pisos cerrados y aquellos que los ponen en alquiler imponen a precios desmesurados por ambición.
Afortunadamente poco se habla ya de los ‘fondos buitres’, que hasta hace poco eran los grandes culpables del problema de la vivienda de alquiler hasta que se descubrió que estas entidades privadas apenas sumaban 14 inmuebles en Balears. Con tan poco botín resulta imposible dar solución a miles de familias de las Islas que buscan un piso de alquiler. Porque lo de comprar una casa ya es una utopía, claro, sobre todo para los jóvenes.
Convendría acabar con el discurso fácil de inquilinos buenos y propietarios malos porque no siempre es así. Hay inquilinos nefastos y propietarios confiados. Y al revés, pero los que pueden cambiar la actual situación son los propietarios, una vez se ha demostrado que los fondos buitres no tienen ningún peso en el mercado inmobiliario. Mientras no cambie el mensaje social y se admita que sin propietarios no hay pisos de alquileres el problema seguirá estancado durante muchos años.
Hay que reconocer que el plan ‘Lloguer segur’ es una propuesta novedosa y ambiciosa. Es cierto que los precios no son demasiado asequibles, pero mucho peor es que no haya pisos en alquiler. Con el Govern actuando de intermediario entre inquilinos y propietarios, y además haciendo una aportación con dinero público al precio global, es muy probable que afloren los pisos que actualmente están cerrados porque sus dueños no tienen garantías jurídicas de poder cobrar todos los meses.
Además, resulta muy atractivo para los propietarios poder cobrar de golpe siete años de alquiler de sus viviendas, pero lo más importante es que el Govern actúa de intermediario y se compromete a que los pisos se devuelvan en las mismas condiciones, algo que no suele ocurrir casi siempre en la actualidad. Si algunos dirigentes políticos hablasen con los propietarios lo sabrían.
En un escenario en el que se el movimiento ‘okupa’ y los ‘inquiokupas’ es algo ya bastante normalizado, la iniciativa del Govern se presenta como una posible solución, a la espera de conocer los primeros resultados. Es llamativo que la izquierda, que fracasó estrepitosamente en su gestión de vivienda, no pueda admitir al menos que este plan de ‘Lloguer segur’ es un instrumento que puede dar sus frutos y a corto plazo.
Aunque realmente la opinión de aquellos dirigentes que demostraron su incompetencia durante ocho años y que consiguieron subidas récord en el precio de la vivienda no hay que tenerla demasiado en cuenta. De hecho, tan malo no debe ser el nuevo plan del Govern cuando comunidades como Cataluña han anunciado que lo pueden copiar frente al fracaso demostrado de poner un tope al precio los alquileres, que consiguen el efecto contrario al que se persigue. Aplicar el sentido común siempre es más fructífero que repetir las políticas fracasadas y poco imaginativas.