El culebrón de Formentera cuenta desde hace algunas semanas con un nuevo protagonista: la comisión de seguimiento del Código Ético y Buen Gobierno. Un órgano creado en la anterior legislatura por GxF y el PSOE (te tienes que reír, vista la actualidad nacional) y cuyo primer informe ha sido el relacionado con la crisis institucional que vive el Consell desde noviembre de 2023. Nadie conoce, supuestamente, el contenido de dicho documento. Pero la comisión sí que corrió a filtrar a un medio de la isla la decisión de denunciar a Córdoba por un presunto delito de malversación. Eso, la filtración, tiene poco de ético y mucho de interesado.
Por desgracia, esta comisión se está cubriendo de gloria. Basta recordar cómo uno de sus miembros, el notario Javier González Granados, no dudó en plantear la dimisión de Córdoba como la salida fácil a la crisis porque, dijo, «sin prejuzgar si realmente habría razones legales para que se vaya, lo cierto es que sería la decisión de una sola persona mientras que, en el resto de casos, son varias las que deberían decidir». Palabras que pronunció cuando ya sabía que la comisión iba elaborar un dictamen al respecto y que deberían haber provocado su expulsión inmediata de la misma si el objetivo real de esto fuera salvaguardar la ética.
Por otro lado, una comisión que como esta no debería estar presidida por el conseller de un partido, GxF, que lleva meses pidiendo, con razón o sin ella, la dimisión de Córdoba. Es más, ninguna comisión de ética que realmente quiera tener prestigio debería contar entre sus miembros con políticos electos. Es aberrante.
Con todo esto, que la comisión pretenda ahora que los formenterenses le paguen el abogado (ajeno al Consell, por supuesto) para defenderse de las críticas de Córdoba es la guinda del pastel. Pastel que la comisión parece haber orquestado con Sa Unió, GxF y el PSOE, que aprobarán este jueves en pleno esta maniobra. Qué turbio es todo en Formentera.