Entre los nuestros con razón y sin ella y las lealtades a la organización incluso por encima de la ética, se puede resumir el distanciamiento ensimismado de los partidos políticos de la realidad ciudadana. El primer aserto es de un antiguo dirigente del PP de Balears, el segundo, el referido a las lealtades, ha sido exprimido en el reciente congreso del sanchismo en Sevilla. Izquierda y derecha devienen intercambiables cuando el compromiso es únicamente con las ambiciones personales y los intereses partidistas. Nada más lejos del espíritu y de la letra de la Constitución que estos días ha sido rememorada con las mismas palabras solemnes de cada año, olvidadas justo después de haber sido pronunciadas. Y vuelta a la bronca.
La mayoría social que sacó adelante la Carta Magna hace 46 años exhibía anhelo de futuro, confianza en la política y capacidad de afrontar los graves problemas del momento desde el pacto, la concordia y el sentido común. Solo quedan cenizas. La política ahora es el choque entre los habitantes de cada parte de un muro levantado con el único objetivo de satisfacer la codicia de un solo hombre. Aun resuena el eco siniestro de las palabras pronunciadas por su ministra de Vivienda, la en apariencia templada Isabel Rodríguez, en la cumbre sanchista, convocando a los peores demonios de este país: hay que acabar con la derecha. Antes era el adversario, ahora es el enemigo, sin respeto por quienes piensan diferente. A los desafectos al régimen se les ofrece la opción de retirada de cualquier interés por la res pública so pena de ser señalados como fascistas o peligrosos ultraderechistas. Las redes sociales son en este sentido los instrumentos oportunos para apagar las mentes. De puertas adentro, la purga para quienes no demuestren el entusiasmo suficiente por las decisiones del líder. Es la herencia de Pedro Sánchez. Con estos mimbres, no debe extrañar que crezcan las descalificaciones hacia la política y los políticos, el caldo de cultivo idóneo para los partidos cuyo objetivo es arrasar la Constitución y los fundamentos del Estado, precisamente socios y sostén del líder del sanchismo.
La política más cercana tampoco escatima medios para incrementar la desazón ciudadana. Casi al mismo tiempo que el portavoz del Govern de Balears intenta justificar la subida de sueldos de los consellers en que ir al Parlament es un trabajo extra, el grupo parlamentario del PP aceptaba hasta 34 enmiendas de Vox a la iniciativa de momento estrella de la legislatura, la llamada Ley de simplificación administrativa, que modifica medio centenar de leyes, con el fin de avanzar en el desarrollo de los compromisos programáticos del partido. Las de la ultraderecha son enmiendas de calado que inciden en la protección del territorio – permite urbanizaciones en áreas especialmente protegidas –, cercenan la preeminencia del catalán en la administración y la escuela, e impiden las sanciones turísticas más duras en casos de infracciones graves, entre otros aspectos de igual importancia. Y las modificaciones de Vox admitidas por el PP en la ley se deben a «un error». Un enredo legislativo a solucionar por decreto que desarma a los populares cuando pretendan exigir responsabilidades a la bancada de enfrente. Pero aquí paz y después gloria.