Desafortunadamente suele ser muy habitual lo de lanzar anuncios y proclamas que se ajustan a lo que supuestamente quiere oír la sociedad en cada momento. Y parece que esta táctica es la que han decidido adoptar desde la gran mayoría de las instituciones de nuestras islas. Los que gestionan nuestras instituciones locales, insulares y autonómica apuestan por seguir convocando ruedas de prensa para hacer grandilocuentes anuncios, que llegado el momento son incapaces de cumplir.
A la cabeza de esta burda forma de hacer política, sin duda hay que colocar al Govern Balear, un ejecutivo autonómico de derechas que se las prometía muy felices al inicio de la presente legislatura al amparo de un ficticio gobierno en solitario y, que no ha tenido más remedio que claudicar y plegarse a la realidad de los números y aceptar que no es más que un gobierno en minoría, cuyas decisiones estaban al principio y siguen estando ahora, en manos de la extrema derecha.
Pero como ya se ha dicho en tantas otras ocasiones, el tiempo suele poner cada cosa en su sitio. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido últimamente con dos cuestiones, la saturación turística y el problema de la vivienda. Despues de las conocidas penurias con las que hemos tenido que convivir estos últimos veranos y ante la evidencia de que la situación no podía seguir manteniéndose en las mismas condiciones, desde el Govern se dijo que hacía falta un cambio de rumbo.
Se aceptó, con alguna discrepancia del sector hotelero mallorquín, que era necesario plantear soluciones a la saturación turística. Para alcanzar tan ambicioso objetivo se constituyó una mesa de trabajo que debía aportar propuestas que devolvieran el equilibrio perdido entre el sector turístico y el residencial, además de poner orden a lo que viene siendo el sector turístico en general. Pero tal como ya era previsible, la esperanza de muchos de los que quisieron creer que tal voluntad podía ser real, se ha visto truncada.
Se sigue pensando que es fácil tomarle el pelo a la sociedad y que la gran mayoría aceptará sin más los anuncios, sin necesidad de verlos hechos realidad. Tal ejercicio de hipocresía política está siendo portada de los medios de comunicación y siendo sinceros creo que va a resultar extremadamente difícil que los rivales políticos demuestren la capacidad de ponerse de acuerdo ni tan siquiera en aquello que es más que evidente. El intrusismo en el negocio turístico mediante el alquiler ilegal de viviendas durante el verano, que afecta tanto a hoteleros, como a residentes; debería ser algo a combatir como un problema de estado y que debería estar por encima de ideologías políticas, pero está claro que no es así.
Se sigue sin querer aceptar que la problemática de la vivienda va ligada a la especulación y que esta, junto a las supuestas bondades del denominado mercado libre son los dos grandes obstáculos para atacar tanto la saturación estival, como el imposible acceso a una vivienda para residentes y trabajadores. Se pretende que las mismas políticas que nos han llevado al punto en el que nos encontramos ahora, sean las que acaben solventando el problema. Está demostrado que no poner traba alguna a la especulación, solo provocará más especulación.
Ahora quieren hacernos creer que la única solución pasa por no tocar el nefasto negocio del alquiler turístico y por seguir permitiendo el uso, o mejor dicho el abuso, de nuestro suelo rustico para construir muchas más viviendas en nuestras islas. Miles de las supuestas nuevas viviendas que se van a construir sobre esos suelos acabarán sirviendo para todo lo contrario que supuestamente se espera de ellas. Quienes van a construirlas serán promotores privados que evidentemente sacaran su buena tajada de ello. Ningún promotor se implicará si no tiene claro que podrá obtener un amplio margen de beneficio.
Se dice también que prácticamente la mitad de todo lo nuevo que se pueda construir, deberá ponerse en el mercado tanto para compra, como para alquilar, a un precio limitado; pero lo cierto es que nadie se ha atrevido a especificar cuál va a ser la citada limitación. Si tenemos que partir de los valores que el sector privado estableció para los alquileres del programa «alquiler seguro», hay que recordar que en Eivissa y Formentera se estableció un alquiler limitado de 2.100 euros. ¿Qué trabajador podrá acceder a un precio de alquiler como este para las nuevas viviendas?
No olvidemos que ahora mismo hay muchas más plazas turísticas en viviendas que en hoteles; esa es la realidad que parece que no se quiere entender. Hay que recuperar toda la vivienda residencial, antes de lanzarse a la desaforada construcción de miles de viviendas nuevas, que solo acabarán sirviendo para que aumente la especulación y para que solo puedan seguir optando a ellas los económicamente potentados. Desde la política, hay que dejar de pensar en unos pocos, para centrarse en la mayoría y sus necesidades. Hay que aparcar ideologías y trabajar para solventar cuanto antes una emergencia. No se pueden esperar 6 o 7 años más para que se puedan palpar las soluciones.