El próximo domingo 1º de junio Ibiza activará la restricción de entrada de coches, amparada por la Ley 5/2024 del Parlament de les Illes Balears, de control de la afluencia de vehículos en la isla de Eivissa para la sostenibilidad turística.
Se ha establecido un tope máximo de 20.168 coches circulando de forma simultánea durante los meses de mayor presión turística, de junio a septiembre. Se busca frenar la saturación en las vías de circulación y las dificultades para estacionar, algo que parecía tabú pero que ya es una realidad.
Sin embargo, ya han surgido las primeras quejas. Formentera protesta por las trabas a su movilidad. Las empresas de alquiler de coches, nerviosas por su facturación. Las navieras, inquietas por el impacto en sus rutas. Y así una lista que irá engrosando conforme cada actor descubra que actuar para garantizar la sostenibilidad tiene, efectivamente, consecuencias.
Porque todo el mundo está a favor de las medidas de contención, siempre y cuando afecten a los demás. Cuando el esfuerzo toca de cerca, desaparece el entusiasmo por la descarbonización, la regeneración del ecosistema o el combate contra el colapso turístico.
Pero si hablamos de cambiar el modelo, hablamos de todos. No vale exigir menos cruceros atracados en el puerto de Vila y luego indignarse porque ya no se podrá traer libremente el coche desde Formentera, Dénia o Palma. En efecto, ya no será como antes, por el bien de todos. Los ciudadanos así lo quieren, sea para bien o sea para mal.
El modelo turístico de las Baleares —y de Ibiza en particular— está tan saturado y acelerado que no puede seguir como si nada. La sociedad no admite más demoras y exige reformas estructurales y decisiones valientes, incluso impopulares, que a algunas empresas les supondrán modificar a la baja su cuenta de resultados.
Y sí, esta decisión tendrá errores. Así lo ha admitido incluso el Consell d’Eivissa. Este será el primer verano donde se aplique la restricción y es natural que aparezcan dificultades y fallos; pero hay que empezar. Y como todo cambio estructural, necesita una ciudadanía que esté a la altura del reto.
Ibiza lleva años enviando señales de auxilio: atascos imposibles, playas saturadas, una red viaria tensionada al límite, falta de vivienda para trabajadores y una presión urbanística asfixiante. Si realmente se quiere preservar el paraíso, hace falta empezar a limitar sus usos. Y eso incluye la movilidad.
Que el modelo turístico deba cambiar no es ya una consigna política ni un eslogan ecologista: es una necesidad evidente. El propio apoyo social a la medida demuestra que los ibicencos son cada vez más conscientes de ello. Lo que no se puede es caer en la hipocresía de rechazar toda iniciativa concreta cuando nos afecta directamente.
Formentera, por ejemplo, no puede pretender mantenerse al margen del cambio por el simple hecho de ser vecina directa. Además, eso no fue ningún impedimento para que en su día aplicasen restricciones severas a la llegada de coches y motos de sus vecinos del norte. Ibiza y Formentera comparten más que geografía: comparten también retos y recursos. Y si hay una isla que ya ha experimentado el control de la entrada de vehículos, esa es precisamente Formentera. Resulta paradójico que admitan que las restricciones que ellos sufrirán ahora son similares a las que ellos impusieron años antes, y reclamen no padecer las incomodidades que no dudaron en imponer a los ibicencos.
Las empresas de rent a car tendrán que adaptarse, como ya lo hicieron los hoteles al impuesto turístico o las aerolíneas a las tasas medioambientales. No se trata de poner palos en las ruedas del motor económico de las islas, sino de evitar que ese motor nos lleve directamente al precipicio.
Porque de eso va todo esto: de evitar el colapso. De que la capacidad de recibir visitantes y vehículos no es infinita, ni puede seguir creciendo cada año sin control. Hay que apostar por un turismo más consciente, menos contaminante y más equilibrado. Y, por supuesto, de devolver parte de la isla a sus residentes, que durante tres meses al año viven literalmente atrapados por una presión turística descontrolada.
Este verano será una prueba de fuego. No solo para las instituciones, que deberán gestionar con eficacia, transparencia y flexibilidad, sobre todo el transporte público. También para la ciudadanía, que deberá asumir que la sostenibilidad no es un capricho, sino una obligación colectiva.
"Las alucinacion Domingeras de Perpinyá" Habla de una isla con problemas futuros que hoy son su presente. Las empresas no tienen problema y la sarten por el mango, con subir precios más que arreglado. Menos trabajo, menos personal, mismas ganancias.