Formentera, en primera línea

La cifra es tan real como contundente: 1.400 personas han llegado en patera a Formentera en lo que llevamos de 2025. Detrás del número, hay rostros exhaustos, historias de huida y esperanzas depositadas en una travesía que muchas veces acaba en tragedia. Y en el extremo opuesto, una isla pequeña, con servicios sociales limitados y un Consell que no puede – ni debe – cargar en solitario con un fenómeno de dimensión internacional. La isla vive desde hace tiempo lo que Gent per Formentera denomina un «colapso humanitario e institucional sin precedentes». No es exagerado: más de 150 menores bajo tutela, decenas de recién llegados que deben ser atendidos de forma improvisada en espacios que no cumplen las mínimas condiciones de dignidad, y unos cuerpos de seguridad y servicios sociales al borde de la saturación. Este drama es humano, pero también político porque la cuestión migratoria jamás puede ser un problema local. Pretender que una isla de apenas 12.000 habitantes gestione sola la llegada de centenares de personas es insostenible. El Estado español, y por extensión la Unión Europea, miran a otro lado mientras las comunidades de primera línea cargan con las consecuencias de una política migratoria que se limita a ‘medidas parche’ sin soluciones definitivas. Que en pleno 2025 todavía se esté improvisando con carpas, habilitando espacios indignos y esperando refuerzos que no llegan, revela una falta de planificación crónica que ya no puede justificarse. La emergencia es diaria, estructural y previsible, y las instituciones siguen abordando la cuestión como si se tratara de un hecho puntual, en lugar de reconocer que estamos ante un reto de largo recorrido que exige coordinación, inversión y, sobre todo, humanidad.