La apertura del año judicial debería ser un acto solemne: togas, discursos encendidos sobre independencia judicial y cierta pompa que recuerde que la justicia no está sometida a nadie más que al imperio de la Ley. Pero en nuestro país hemos añadido un ingrediente inesperado: un fiscal general del Estado que, por primera vez en democracia, acude impertérrito, trajeado y con sonrisa de ceremonia, pese a estar imputado. Sí, el máximo responsable de velar por la legalidad inaugurando el curso judicial mientras él mismo figura en la lista de los señalados.
El fiscal general se pasea entre magistrados como si la imputación fuese un pin en la solapa. La paradoja es insoportable: el guardián de la Ley exhibiendo su condición de investigado como si fuese un mérito.
Y, entre tanto, la presidenta del CGPJ se atreve a poner el dedo en la llaga: reprocha al presidente Sánchez que insista en hablar de lawfare, como si la justicia española fuese una mafia política disfrazada de toga (algo que sólo pasa fuera del poder judicial, concretamente en un Tribunal Constitucional servil a la causa socialista y podrido por su brazo ejecutor: Cándido Conde Pumpido). Defender la dignidad de los jueces frente a la sospecha permanente del ejecutivo es, hoy, un acto de higiene democrática.
El contraste es de sátira pura: un fiscal general imputado que pretende dar lecciones de legalidad ante la atenta mirada de un ministro de justicia que pretende hacer un casus belli contra los jueces para enmascarar la corrupción y el proxenetismo de su Gobierno.
Lo inadmisible no es sólo que un imputado inaugure el año judicial: lo inadmisible es que lo haga sin que tiemble un cristal en el Palacio de Justicia. La normalización de lo anormal, la institucionalización de la indignidad.
Fins i tot han demanat a google i meta per a que busquessin dins es seus servidors a l'extranger i no a'ha trobat res....imputat no es processat...