En 1983 se estrenó en el Palacio de la Música de Madrid Las autonosuyas, una película de comedia costumbrista y trasfondo político típica de la transición española dirigida por Rafael Gil y basada en la novela homónima de Fernando Vizcaíno Casas en la que, con la actuación de un amplio elenco de actores nacionales con Alfredo Landa a la cabeza, se ironiza en tono de parodia y sátira sobre el modelo de descentralización territorial mediante comunidades autónomas que por aquellos años dinamitaba el Estado español tal y como se conocía hasta entonces, criticando abiertamente lo que en esa época y por determinados sectores se percibía como excesos del cambio político y de la democratización del país. Su trama se desarrolla en el pueblo imaginario de Rebollar de la Mata, en el que su alcalde Austrasigildo, tras conocer los beneficios y prebendas que conllevaría la nueva realidad autonómica para la clase política, pretende constituirse junto a otras poblaciones en ente autonómico como el resto de comunidades. Para ello no solo cuenta con motivos de índole histórica que legitiman sus pretensiones, sino que también dispone de su propia lengua oficial, el farfullo, que consiste simplemente en sustituir las pes por efes como consecuencia de un mero error de dicción del alcalde.
La misma idea ya fue plasmada un año antes en Los autonómicos, película dirigida por José María Gutiérrez Santos y protagonizada por Juanito Navarro y Antonio Ozores, en la que el alcalde de Reajo de la Sierra pretende que el municipio se convierta en autonomía utilizando todo tipo de tretas para acallar a sus opositores.
Estas películas de ácida ironía y espíritu satírico, que en origen tuvieron escasa relevancia y que consiguieron una exigua afluencia de público a las salas de cine de nuestro país, han cobrado en los últimos tiempos una especial relevancia al percibir que las mismas, por unos u otros motivos, contienen ciertas advertencias que han sido ampliamente superadas por la cruda realidad actual.
Porque si bien es cierto que las autonomías tenían como objetivo poner fin al tradicional modelo unitario centralizado y pasar a uno de carácter descentralizado siguiendo el sistema italiano algo tuneado, reconociendo la diversidad y peculiaridades regionales del país para procurar un equilibrio entre los distintos territorios, lo cierto es que el paso del tiempo y el devenir de los acontecimientos nos está abocando irremediablemente al advenimiento de un verdadero estado federal del que precisamente se pretendía huir, todo ello aderezado con la evidente confrontación que subyace cuando el signo político del gobierno autonómico no coincide con el del central. Pero lo que resulta más preocupante es que cada día es más patente el desequilibrio existente entre los distintos territorios del mismo Estado, así como las desigualdades que diferencian a compatriotas que se presumen iguales.
En cada una de las diecisiete comunidades autónomas creadas a partir del famoso «café para todos» se aplican sistemas fiscales, sanitarios y educativos diversos de los que deriva la prestación de servicios públicos de distinta calidad y varias categorías de españoles. Ni que decir tiene que la duplicidad administrativa provoca que en la mayoría de ocasiones se dilapiden ingentes recursos económicos que serían muy beneficiosos para procurar la consecución de otros fines e incluso que se solapen competencias hasta el punto de crearse constantes disfunciones sobre cuestiones de especial relevancia en claro perjuicio del conjunto de la ciudadanía. Recuérdese el conflicto competencial evidenciado con ocasión de la Dana que arrasó el año pasado distintas poblaciones y pedanías valencianas y que trajo consigo una áspera confrontación entre el gobierno autonómico y el central mientras todavía se retiraban cadáveres del fango acumulado en las calles. También las tiranteces entre administraciones a las que hemos podido asistir durante este verano como consecuencia de los graves incendios que han asolado territorios y poblaciones enteras de nuestro país con distintas víctimas de por medio. Como no, el pulso que determinadas autonomías, sobrepasadas por la masiva llegada de pateras, mantienen con el gobierno en materia de reparto de menas ante su manifiesta carencia de medios y recursos, mientras contemplan cariacontecidas como ni se erradican de forma efectiva estos excesivos flujos migratorios ilegales ni el reparto de menores es equitativo.
Estas materias muestran de forma palmaria este dislate y son sobradamente conocidas por todos. Pero también hay otras de no menor calado que resultan desconocidas por el público en general. Y es que tampoco escapa a esta disparidad la tan reivindicada actualización del plus de insularidad para los funcionarios de la administración del Estado destinados en las Islas Baleares, donde el elevado coste de la vida impide un normal y digno funcionamiento de la misma, mucho más cuando sí se actualizó para los funcionarios de la administración autonómica. Así, mientras que para los miembros de la carrera judicial el plus de insularidad es de 88’08 euros en Mallorca y de 97’52 euros en Ibiza y Menorca, es de 427’58 euros en Gran Canaria y Tenerife, de 534’48 euros en el resto de islas del archipiélago canario y de la nada desdeñable cantidad de 844’70 euros en Ceuta y Melilla. Pero lo más grave es que en País Vasco y Navarra es de 498’70 euros, donde la conocida peligrosidad derivada de la actividad de la banda terrorista ETA que motivó su originaria implementación no ha supuesto su supresión tras bastantes años desde su desarticulación, perdurando hasta la actualidad también para otros funcionarios estatales como policías y guardias civiles.
Curiosamente, la proyección de Las autonosuyas en el País Vasco acabó siendo suprimida de la cartelera el segundo día de su exhibición, mientras que en Cataluña no llegó a ser estrenada al optar la propiedad de las salas de cine por no hacerlo. Tal vez fuera por una de sus escenas más famosas, aquella en que tiene lugar el encuentro entre el conseller catalán y el embajador vasco, ataviados con barretina y boina, en el que insisten en dialogar en sus respectivos idiomas acompañados de un traductor que dificulta la fluidez de la conversación convirtiéndola en un caos, lo que les aboca a tener que hablar en castellano, lengua que conocen perfectamente, pues no en vano la madre del embajador vasco es natural de la población abulense de Madrigal de las Altas Torres. Y es que esta misma escena nos recuerda el lío que se formó recientemente en la heladería Dellaostia del barrio de Gracia de Barcelona, donde al parecer una clienta pidió un helado de fresa en catalán a una dependienta que no entendía el idioma. Desconozco exactamente lo ocurrido, sencillamente porque no estaba allí, no como otros, por lo que resultaría aventurado emitir un juicio de valor suficientemente ponderado. Pero lo que bajo ningún concepto puede tolerarse es que este tipo de disputas deriven en multitud de mensajes de odio en redes sociales o en que al día siguiente el establecimiento amanezca completamente vandalizado. La violencia hace perder la razón aun a quien pudiera tenerla. Además, siempre podrían haber recurrido al farfullo, que como decía Austrasigildo, presidente del ente autónomo serrano, «Farece castellano, fero no. Porque la feculiaridad de sus giros fonéticos es muy fersonal. Pocos lo hablan. Solo en nuestro territorio, for sufuesto».