Pedro Sánchez se presentó como el líder del «Gobierno más progresista de la historia». Aquella proclama, repetida hasta el aburrimiento, buscaba presentar a su Gobierno como moralmente superior. Durante años, el lema se convirtió en un escudo perfecto para silenciar críticas y cubrir con un barniz de decencia su gestión política. Pero el viejo aforismo «progresismo es a progreso lo que carterista es a cartera» desmonta por completo ese relato. Esta frase revela que, bajo la cáscara del «progreso», puede esconderse la apropiación interesada de causas nobles. Y así ha sido: la izquierda ha monopolizado el feminismo para presentarse como la única opción posible en la defensa de los derechos de las mujeres. Una superioridad moral impostada.
Esa misma superioridad que la izquierda lleva toda la vida imponiendo a los demás, que usa para descalificar cualquier crítica legítima y reconvertirla en una agresión a la causa feminista, como si denunciar sus contradicciones e ineptitudes convirtiera al crítico en un maltratador más. Las instituciones deben estar para defender esos derechos y acompañar a cada mujer en la conquista de nuevas oportunidades. Pero la verdadera lucha feminista nunca ha dependido de un partido, de un ministerio ni, mucho menos, de Pedro Sánchez o de un gobierno socialista. La igualdad se ha forjado en la determinación de miles de mujeres que, con talento, sacrificio y coraje, han abierto en silencio ese camino sin esperar nada de nadie: sin favores ni pancartas. Por eso mismo, esa izquierda radicalmente moralizadora, que tantas lecciones de ejemplaridad nos ha ofrecido, debe mirarse al espejo. La defensa de los derechos de las mujeres no se demuestra solo con lazos; también se defiende con leyes que garanticen su seguridad. Y en eso, la izquierda y el Gobierno han cosechado un fracaso monumental. Mientras repartían cursos de moral, las víctimas de violencia machista veían cómo una ley «progresista» rebajaba las penas a sus agresores y les abría las puertas de la celda. Sus verdugos en la calle. Y recientemente hemos sabido que la vida de mujeres maltratadas se ha puesto de nuevo en franco riesgo porque las pulseras telemáticas que debían protegerlas no transmitían la señal, perdían datos y dejaban de funcionar justo cuando más se necesitaban. El nuevo modelo de pulseras generó múltiples errores porque los dispositivos no tenían acceso a toda la base de datos anterior, provocando meses de disfunciones.
Demasiado tiempo desprotegidas. Demasiado tiempo al alcance de sus maltratadores. Según los datos que maneja la Fiscalía, en Baleares se han producido fallos graves en los juzgados de Violencia de Género por problemas con las pulseras telemáticas. En algunos casos, estos fallos obligaron a la Fiscalía a retirar la acusación contra hombres que habían quebrantado esa medida de protección. Inaceptable. De acuerdo con el sistema VioGén, a principios de año existían alrededor de 650 casos activos en las Pitiusas, de los cuales 611 corresponden a Ibiza, y 92 menores en Baleares se encuentran en riesgo por convivir con el maltratador de su madre. Estas cifras no son una estadística más: son vidas que dependen de que cada pulsera funcione perfectamente. Si bien el fallo técnico es imperdonable, la reacción política lo es aún más. El Gobierno ha optado por minimizar el alcance del problema, como si la vieja superioridad moral bastara para tapar una negligencia que ha puesto tantas vidas en peligro. Esa presunta superioridad moral de la izquierda socialista vive su mayor crisis desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Se proclamó el más feminista y regenerador y ahora no reacciona ante la desprotección de las mujeres. Demuestra que su feminismo moralizante era pura retórica: feminismo de cartón. De ahí que el cese de la ministra de Igualdad no sea una decisión política, sino una exigencia ética y de decencia democrática. Quien no protege a las víctimas carece de legitimidad para continuar.