El PSOE también da sobres en efectivo a sus dirigentes

El martes arranca en el Parlament de les Illes Balears el debate de política general. Será el segundo de esta legislatura al que se somete la presidenta del Govern, Marga Prohens. ¿Saben cuántos Debates sobre el Estado de la Nación ha habido en la presente legislatura en el Congreso de los Diputados? Ninguno.

El último fue en julio de 2022. Teóricamente se trata de un pleno monográfico que se celebra anualmente, excepto en los años electorales. Pero eso a Pedro Sánchez no parece importarle mucho, como no le importa no presentar los presupuestos generales del Estado para que se debatan en las Cortes, porque sabe que no hay posibilidades de sacarlos adelante.

En democracia, rendir cuentas ante el Parlamento no puede ser opcional. Pero es lógico que el Gobierno de PSOE y Sumar prefiera escaquearse antes que someterse al escrutinio público parlamentario. Y es igualmente comprensible que prefieran hablar de Eurovisión, Gaza y el aborto, antes que explicar el escándalo que rodea a su exsecretario de organización y diputado José Luis Ábalos y su gestión financiera —más de 95.000 euros en «gastos sin justificación bancaria» detectados por la Guardia Civil—.

El informe patrimonial encargado al exministro por el juez del Tribunal Supremo es demoledor: se habla de ingresos en efectivo no declarados, de discrepancias entre la documentación remitida por el PSOE y las liquidaciones hechas, de entregas de dinero «mediante sobres» en la sede del partido, y de gastos personales y familiares sin trazabilidad bancaria aparente.

Es gravísimo por varias razones: primero, porque mina la credibilidad de quien ocupó altas instancias del poder; segundo, porque evidencia que los mecanismos de control interno (en el partido, en el Estado) aún tienen agujeros de los que se pueden aprovechar quienes estén dispuestos; tercero, porque estos casos no son aislados, sino que se acumulan y erosionan la confianza democrática.

El PSOE asegura que «todos los pagos son legales y están justificados, y suelen corresponder a liquidaciones de gastos por caja», y que los movimientos de efectivo estaban declarados en sus cuentas partidarias. Pero esa defensa tiene un problema de forma y fondo: no basta con que algo esté declarado —se exige claridad, documentación verificable, origen del dinero; se exige transparencia.

Y cuando la Guardia Civil detecta «una falta de concordancia» entre lo aportado y lo investigado, cuando se emplean expresiones en clave («chistorras», «lechugas») para referirse al dinero en efectivo, la sospecha ya está sembrada. El caso Ábalos-Koldo, con Santos Cerdán, el último secretario de Organización del PSOE todavía en prisión preventiva, será la tumba del sanchismo.

Pero a ello contribuirá de forma decisiva la deriva autoritaria del líder de los socialistas. Cuando el poder se ejerce recortando los contrapesos que limitan ese poder, cuando no se rinde cuentas, cuando se elude el debate parlamentario porque no se dispone de mayoría, se está ante un Gobierno poco respetuoso con la democracia. Y cada vez más acechado por la corrupción política e incapaz siquiera de convocar una moción de confianza que sabe perdida de antemano. Estamos ante una legislatura agónica que la izquierda se resiste a zanjar y dar voz a los ciudadanos porque saben que, si hay elecciones anticipadas, perderán el poder y gobernará la derecha, algo que hay que evitar a toda costa. Otro síntoma de comportamiento antidemocrático.

El Govern de les Illes Balears iniciará pasado mañana su debate de política general, para poner sobre la mesa su gestión y su proyecto. En Madrid, el mecanismo más alto de rendición de cuentas formal está suspendido.

Hasta que el Gobierno no vuelva a asumir públicamente esa obligación de debatir sobre lo que hace, cómo lo hace, y para qué lo hace, cada información sobre casos como el de Ábalos, Begoña Gómez, el hermano de Sánchez y el fiscal general del Estado nos recordarán que estamos ante un Gobierno okupa, en fase terminal.