Estos últimos días se han venido produciendo nuevos debates en diversas instituciones, que afectan de forma muy directa al día a día de la sociedad en general. Entre estos debates podemos citar el del estado de la Comunidad Autónoma en el Parlament Balear y de del estado del municipio en el pleno del Ayuntamiento de Eivissa. En ambos casos el supuesto objetivo de estos plenos monográficos, debería ser el análisis de cómo se encuentra en estos momentos, tanto las islas en su conjunto como el municipio en particular.
La realidad nos ha mostrado una imagen muy distinta de esos supuestos debates en cuanto a todo aquello que es realmente de interés social y que en diversos casos requiere de medidas urgentes para atajar alguna problemática grave. Los debates sobre el estado del municipio o de la Comunidad Autónoma, no han pasado de ser lo que habitualmente suelen ser; un escenario donde lo que prevalece es el ataque al rival político y lo que menos importa es aportar soluciones realistas y efectivas a los graves problemas a los que hay que hacer frente a diario. No han pasado de ser meros escenarios donde los actores han vuelto a dar prioridad al «y tú más», o a lanzar llamativos anuncios sobre futuras medidas milagrosas, que mayoritariamente acabaran en el cajón de los olvidos o lo que es peor, en el de los fracasos más estrepitosos.
Y es fácil comprobar que ello es así, ya que basta ver cuál es el tema prioritario en el que hay que trabajar, o cual se identifica como el problema más grave pendiente de solucionar. En todos los casos, se vuelto a poner al frente de la lista de problemas realmente graves, el de la crisis de la vivienda. Evidentemente, no se trata de nada nuevo o de una crisis surgida el mes pasado, simplemente es una de esas cuestiones que nos están machacando, pero que quienes tienen la responsabilidad y la obligación de atacar, son incapaces de atajar o aportar algo positivo y en la vía correcta para su solución.
Nuevamente se hacen eco de la gravedad del problema, pero da la sensación de que en el fondo les importa muy poco. Quieren dar la sensación de que realmente están dispuestos a trabajar conjuntamente desde el gobierno y la oposición de las diversas instituciones, cuando la realidad es que siguen jugando a lo de que lo único que vale es lo mío y se sigue demonizando al rival y a sus propuestas. Recientemente se ha publicado un informe de dos empresas privadas, con el apoyo del Govern Balear a través de los fondos europeos Next Generation sobre la problemática de la vivienda en nuestra isla y según se desprende de dicho informe la solución pasa por trabajar en la misma dirección el sector público, el privado y el comunitario; pero lo cierto es que eso no va más allá de los informes.
Por parte de la derecha todo pasa por más y más construcción nueva, lo mismo que para el sector inmobiliario. En ningún caso parecen querer tener en cuenta las miles de viviendas ya construidas y que o bien están vacías o se están alquilando ilegalmente y a precios de pura especulación. En las Pitiusas ahora mismo, no es tan necesario construir nueva vivienda, como regular la ya existente sacándola del mercado turístico y devolviéndola al uso para el que fue construida, el residencial. Si se hace esto y se establecen las reglas para impedir que en el mercado libre de alquiler se sigan cobrando precios prohibitivos, se podría volver a la senda correcta en el mercado inmobiliario. No se trata de impedir que el propietario le pueda sacar un rendimiento a su bien inmueble, se trata de que ese beneficio sea coherente y esté fuera de la pura especulación y el abuso. Negocio sí, pero con control y estableciendo limites.
Según el Govern del PP, las últimas medidas aprobadas en materia urbanística son la panacea a la crisis habitacional, ya que permitirán construir miles de viviendas nuevas por parte de promotores privados y el 50% de todas ellas serán a precio limitado y para residentes en las islas, haciendo hincapié en esto último. Lo que no dice es que ese precio limitado seguirá siendo inalcanzable para un sueldo medio de un trabajador y, que el otro 50% seguirá saliendo al libre mercado a precios desbordados, abusivos e inasumibles. En el caso del municipio de Vila, para el PP la gran apuesta es un proyecto para construir 20 nuevas viviendas para jóvenes en un solar municipal; viviendas que en cualquier caso tardarán varios años en estar disponibles.
Por otro lado, la izquierda se opone a que se establezcan medidas de garantía para los propietarios de las viviendas, que les animen a ponerlas en el mercado del alquiler convencional, alejándolas del circuito turístico ilegal. En realidad esas garantías, junto a los límites en los criterios de explotación de las propiedades, podrían ser el inicio real de la solución.
Lo cierto es que según la memoria anual del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, un residente en Baleares necesita 60,8 años de sueldo integro para comprar una vivienda si no destina más del 30% de la renta familiar. Este es el resultado de las políticas de unos y otros hasta la fecha, el fracaso absoluto y la prueba principal de la ineptitud en la gestión. Hay que recapacitar y atacar el grave problema social que sufrimos.
Eso, eso... "y tú más". siempre la culpa es del otro. Saludos.