Mientras persiste a todos los niveles institucionales la habitual, absurda e inútil charlatanería política, la realidad del día a día sigue dando muestras de cuál es la situación que nadie parece querer ver. Mientras se siguen anunciando proyectos a largo plazo, que de momento no pasan de ser meras propuestas, muchísimas familias se siguen sumando al larguísimo listado de personas que necesitan urgentemente un lugar donde vivir dignamente y que puedan pagar.
Todos sin excepción siguen con la venda en los ojos, pretendiendo hacer ver que la situación les preocupa y les afecta, si bien cada uno sigue con sus propios proyectos de boquilla, dando la espalda a propuestas que puedan ofrecer un mínimo rayo de esperanza a quienes hoy están sumidos en la desesperación.
Desde el Consell Insular d’Eivissa, su Presidente sigue lanzando proclamas de partido que no se diferencian en nada de las ofrecidas hasta la fecha y que solo han servido para empeorar la situación. Tres puntos son la base de su solución según sus últimas declaraciones: «hay poca vivienda y, la que hay, es a unos precios inasumibles», «hay que construir más vivienda en la isla» y «sin seguridad jurídica, el mercado de la vivienda seguirá bloqueado».
En la primera afirmación falta a la verdad y se aparta de la realidad, ya que omite la palabra «disponible», ignorando los cientos de inmuebles residenciales destinados al turismo, incumpliendo el artículo 47 de la Constitución Española y permitiendo la especulación. En la segunda, se insiste en seguir construyendo como única solución, lo que solo llevará a más cemento, precios inasumibles y mayor especulación. En la tercera, se persiste en el error de creer que más seguridad jurídica al propietario hará que bajen los precios, cuando es imprescindible regular la capacidad de negocio de la vivienda.
Desde el Govern Balear, se avanza por la misma vía errónea, confiando en que una deducción fiscal para propietarios «responsables» contenga los precios. Sin embargo, la rentabilidad de los alquileres actuales es muy superior al beneficio de dicha medida.
Desde el Gobierno del Estado, tampoco se reacciona con la presteza requerida. La Ministra de Vivienda ha anunciado la creación de la empresa estatal «Casa 47», destinada a ofrecer alquileres asequibles y contratos de hasta 75 años, mediante la gestión de viviendas de la Sareb, que llegó a acumular cerca de 200.000 inmuebles. Desde entonces, no se ha hecho nada útil con ellas y, una vez más, se llega tarde.
Mientras las instituciones acumulan fracasos, se siguen conociendo casos dramáticos. Un ejemplo reciente es el de una familia con dos hijos menores cuyo contrato no será renovado. Pagan actualmente 1.400 euros mensuales, una cifra inasumible para un salario medio, y se encuentran con que viviendas similares no bajan de los 2.500 euros al mes. Una auténtica barbaridad que demuestra que la especulación campa a sus anchas.
A esta familia no le sirve el incentivo fiscal, ni más seguridad jurídica al propietario, ni que se construyan viviendas que tardarán años, ni la gestión de los pisos de la Sareb, ya que en Eivissa y Formentera apenas existen.
Estas familias necesitan medidas inmediatas, valentía política y coherencia, algo que desgraciadamente brilla por su ausencia.