La falta de vivienda rompe Ibiza

Ibiza presume de isla rica. Hay actividad, hay trabajo, hay dinero circulando y hay ostentación. Y, sin embargo, el informe de FOESSA/Cáritas que hemos conocido esta semana retrata otra cosa muy alejada de esa Ibiza idílica: una fractura social seria. Y no por falta de ingresos, sino por falta de techo. El mito de «aquí no hay pobreza» se cae cuando miras la realidad de la vivienda para la clase media trabajadora. Un 43,3% de los habitantes de la isla vive integrado con alfileres y un 20,4% está ya en exclusión, moderada o severa.

Lo peor es que la exclusión en Ibiza no siempre coincide con la pobreza económica. De hecho, el 58,3% de las personas en exclusión no están en riesgo de pobreza. Dicho de otra forma, puedes currar, cobrar, cotizar, pagar impuestos… y aun así estar fuera. ¿Por qué? Porque el sistema te expulsa por lo básico: no puedes acceder a una vivienda digna y estable.

El factor vivienda afecta al 28,8% de la población y a un 33% de los hogares. No hablamos de dificultades pasajeras, sino de un mercado inmobiliario que empuja a miles de personas a vivir en el alambre: tenencia en precario en el 16,5% de los hogares (realquiler, ocupaciones, cesiones, amenaza de desahucio) y gastos excesivos de vivienda en el 12,6%. En Ibiza se ha normalizado que pese a tener un trabajo, incluso si está bien remunerado y es en la función pública, tener un alquiler asumible que no te obligue a compartir piso con otra familia eres un privilegiado. Una rareza absoluta.

Los datos del informe tiran el alma al suelo y deberían encender todas las alarmas: el 16,9% vive en una vivienda insegura y el 12,4% en una vivienda inadecuada. En total, 20,6% de la población ibicenca —unas 33.000 personas— afectadas por una u otra. Una cifra así exigiría medidas de emergencia y coordinación institucional. Pero aquí vemos declaraciones compungidas, titulares, y a esperar a la próxima temporada.

Y luego está lo que no se puede maquillar con porcentajes. FOESSA describe la Ibiza que se esconde bajo la postal. Gente durmiendo en caravanas, coches, parkings, descampados. Asentamientos que se desmantelan para reaparecer a la semana siguiente —«Can Rova 2» como símbolo—. Y una realidad que deja en evidencia cualquier gesto de autoridad: desalojar es un parche si no hay alternativa habitacional real. En junio de 2024, entidades y servicios sociales tenían localizados al menos seis asentamientos con «cientos de personas» y perfiles laborales diversos.

El informe también señala que el mercado turístico absorbe una parte importante del suelo y del parque residencial y eso agrava el acceso a la vivienda. Pero el debate no va de «turismo sí» o «turismo no». Va de que tenemos una economía necesitada de obra pero que no garantiza techo para esa mano de obra. Y cuando no hay techo, no hay integración posible.

Si la vivienda es el epicentro, la respuesta no puede ser solo más ayudas para pagar alquileres imposibles: eso es financiar el incendio. El informe ya avisa de que resolver el problema habitacional liberaría recursos hoy atrapados en parches y urgencias. La receta es conocida. Se necesita más oferta asequible, control real del uso turístico, inspección y sanción contra el fraude y el realquiler, y una política pública que asuma lo obvio: una isla no es «sostenible» si parte de su población —incluidos trabajadores esenciales— vive en un parking o en una infravivienda.

Ibiza está enseñando a España una lección tremenda. Se puede tener actividad económica y, a la vez, estar construyendo una sociedad excluyente por convertir la vivienda en un lujo. Y eso no es solo un problema social, sino un fallo estructural.

Mientras tanto, los alquileres cuyo contrato finaliza este 2026 se verán incrementados de forma abusiva ante un Gobierno central cuyos integrantes no se ponen de acuerdo en cómo abordar el principal problema económico y social que sufre la ciudadanía y la clase media. Y este fracaso se pagará muy caro en las urnas.