John Grisham es un escritor estadounidense famoso por sus novelas de suspense con trasfondo judicial sustentadas en su profusa experiencia como abogado y político. Ha vendido más de 250 millones de ejemplares de sus obras en todo el mundo, lo que le otorga la condición de mejor novelista norteamericano de la historia. Algunos de sus bestsellers han sido llevados a la gran pantalla, como El cliente, Legítima Defensa, Tiempo de Matar, El Jurado o Cámara sellada, aunque todos recordarán La Firma, película de 1993 protagonizada por Tom Cruise y Gene Hackman, o El Informe Pelícano, estrenada en 1993 con la interpretación estelar de Julia Roberts y Denzel Washington. De entre ellas destaca, por sorprendente y escalofriante, La lista del juez, un thriller repleto de tensión en el que el principal sospechoso de varios asesinatos en serie es un juez de intachable trayectoria que elabora una lista con los nombres de sus víctimas. Jeri Crosby, cuyo padre fue un profesor de derecho jubilado asesinado hace veinte años, está convencida de su culpabilidad, pero no dispone de las pruebas necesarias para demostrarlo, para lo que recurrirá a Lacy Stoltz, una investigadora de la Comisión de Conducta Judicial. La identidad del asesino se sabe desde el principio. Se trata de un psicópata inteligente, calculador y sin escrúpulos que conoce los procedimientos y la ley, de ahí que toda la trama se centre en obtener las pruebas, más allá de meras sospechas, sobre la culpabilidad del reputado juez, lo que no resultará nada sencillo.
Pues bien, todos conocen sobradamente lo que aconteció en Caracas la madrugada del 3 de enero. Ese día el ejército de EEUU se adentró en territorio venezolano bombardeando posiciones estratégicas y, tras una operación militar quirúrgica, capturó a Nicolás Maduro en chándal para ser juzgado ante un tribunal federal de Nueva York por el cargo de narcoterrorismo. Estos hechos se convirtieron rápidamente en un recurrente tema de discusión del que pocos han podido escapar, oscilando el debate, sin medias tintas, entre dos polos radicalmente opuestos y enfrentados. Por un lado, hay quien considera que la actuación americana es lícita porque constituye obligación inexcusable deponer a los tiranos abanderando aquello de «que el mal perezca y el bien prevalezca» que decían las hadas en la peli de Disney de ‘La bella durmiente’. Por otro, quien atribuye la condición de déspota al ocupante del despacho oval cuestionando su superioridad con aquello de «si tengo un barco pequeño me llaman pirata y si tienes una flota te llaman emperador» que utilizara San Agustín en sus Confesiones. Da igual, porque tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando o, como escribiera Víctor Hugo, «los salvajes que comenten esas fechorías son horribles, pero los civilizados que les dejan cometerlas espantosos». Eso sí, no me negarán que se está quedando una trama judicial interesantísima propia de una de esas novelas de suspense de Grisham tan entretenidas.
«Estos hechos se convirtieron rápidamente en un recurrente tema de discusión del que pocos han podido escapar, oscilando el debate, sin medias tintas, entre dos polos radicalmente opuestos y enfrentados»
Porque lo primero que cabría preguntarse es si debe considerarse lícita la detención del acusado en Caracas y su traslado al Distrito Sur de Nueva York, pues parece evidente que se produjo al margen de todos los cauces jurídicos legalmente previstos y con flagrante violación de las más elementales normas de derecho internacional sustituidas por el poder del más fuerte, aunque seguramente la cuestión sea resuelta en un periquete con un nihil interest quomodo solvantur como el que soltó Alejandro Magno al cortar de un tajo con su espada el nudo que ataba al yugo la lanza del carro de Gordio. La segunda cuestión consistirá en determinar si EEUU posee una jurisdicción de alcance mundial capaz de enjuiciar actos delictivos cometidos incluso fuera de sus fronteras por mucho que las consecuencias pudieran haberse manifestado indirectamente en su territorio. En tercer lugar, habrá que dilucidar si al presidente de Venezuela, no reconocido como tal por los yanquis, se le debe otorgar la condición de jefe de Estado en ejercicio, lo que equivaldría, en caso afirmativo, a gozar de inmunidad de jurisdicción penal en otros Estados distintos de la que no quedarían excluidos los delitos de narcotráfico. Eso sí, tengan en cuenta que mal casa negar su condición de presidente cuando sí han reconocido como legítima a su propia vicepresidenta dejándola al mando del país. Y, en cuarto y último lugar, habrá que ver con qué elementos de prueba cuenta la fiscalía para acreditar una conspiración internacional de narcotráfico con graves implicaciones en la seguridad nacional y en la política exterior norteamericana. Ojo, no solo la existencia de continuos envíos de droga, sino el rol y participación específica del depuesto Maduro en su planificación, coordinación y ejecución, desafío central del proceso que, como en la novela de Grisham, no resultará nada sencillo.
A esto súmenle que la defensa será asumida por Barry Pollack, un veterano, reputado y suponemos que caro abogado, socio de un bufete de élite de la costa este, famoso por alcanzar un beneficioso acuerdo para el fundador de Wikileaks, que tendrá que vérselas con toda la maquinaria del sistema penal del Estado. Y, por si faltara poco, que el enjuiciamiento de esta causa de gran envergadura y previsible larga duración corresponderá al longevo juez federal Alvin Hellerstein, de 92 primaveras, que fue designado en su cargo a propuesta del presidente Clinton en 1998 y que ahí sigue dando guerra ante la inexistencia de edad obligatoria de jubilación. De hecho, Louis Stanto, colega de Hellerstein en Manhattan, tiene 98 años, y Leo Glasser, de Brooklyn, supera el siglo. Válgame el Señor.
Con todos estos ingredientes se vislumbra un proceso excelso y farragoso repleto de comparecencias y audiencias preliminares, de disputas sobre la admisión de medios de prueba y de posibles negociaciones en el que estará muy presente aquello de que «ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor» que escribiera Quevedo. En fin, que, como dirían por allá, ‘»In God We Trust» o, como diríamos por aquí, «que Dios les pille confesados».