Acabamos de entrar en 2026 y como suele ocurrir casi sistemáticamente por estas fechas, unos y otros nos hacemos una lista de propósitos para el nuevo año que acaba de comenzar. Ahora bien, también ocurre de vez en cuando que algunos de esos propósitos no son nuevos, ya que los vamos arrastrando año tras año. Si hacemos caso a la gran mayoría de encuestas realizadas a la población sobre cuáles son los problemas que más les preocupan, podremos observar que de cara a este nuevo año, el más destacado sigue siendo el mismo que en el año anterior. Efectivamente, como habrán adivinado todos, el tema que más preocupa a la población en general es la dificultad para acceder a una vivienda.
Se trata de una problemática generalizada en el territorio nacional en su conjunto, pero que resulta especialmente grave en nuestras islas de Eivissa y Formentera. Y ese detalle es el que parece que se les escapa a la práctica totalidad de los responsables políticos, quienes más bien actúan con una total y absoluta irresponsabilidad. Si nos centramos precisamente en quienes tienen la responsabilidad y la obligación de gestionar la actual grave crisis habitacional, podremos observar que en cuanto a su voluntad real de tomar el toro por los cuernos, de reconocer que estamos ante un problema de estado real y que cada día es más evidente la necesidad de plantear la lucha contra la citada crisis aparcando las ideas partidistas estériles e inútiles; veremos que en realidad nada ha cambiado de un año para otro.
Desde los diversos gobiernos, ya sean locales, autonómicos o estatales, independientemente de su color político, se siguen planteando propuestas de actuación desde un punto de vista partidista, con pocos visos, o más bien ninguno, de efectividad real. De entrada siguen sin darse cuenta que si bien la problemática afecta a muchos y diversos territorios, las necesarias propuestas de solución no pueden ser las mismas para todos ellos. Atacar la crisis en nuestras islas, es decir en un territorio finito como tales, requiere posiblemente de medidas especificas para ello, ya que muchas de las que se anuncian de carácter general, tienen nula efectividad aquí.
Si vamos al meollo de la cuestión y nos centramos en el ámbito competencial y en la capacidad de gestión de cada uno en la problemática en cuestión, veremos como ya aparece la primera incongruencia. Ante el repetido argumento de una capacidad limitada de actuación por parte del Gobierno Central, al estar las competencias de vivienda transferidas a las CCAA, he de decir que resulta francamente incomprensible que siendo el contenido de la Constitución Española de obligado cumplimiento para todo el territorio nacional y, siendo la vivienda un derecho recogido en dicho texto normativo, no exista capacidad legal de hacerlo cumplir independientemente del color político del gobierno regional que tiene la competencia de vivienda transferida.
Esta discordancia en la capacidad de gestión, se viene acentuando gracias a la incapacidad de la derecha y la izquierda para alcanzar acuerdos en un tema que debería ser de estado y estar muy por encima de criterios puramente partidistas. Es por ello que ya resulta difícil entender si lo que pasa es que hay una alarmante incapacidad para tomar decisiones valientes y ejecutarlas o si lo que sobra es miedo a que dichas decisiones puedan tener repercusión directa o indirecta en alguna de las elecciones de turno y, no se cual de las dos opciones es peor.
Fracasos de la derecha en nuestras islas como el del programa «alquiler seguro», con unos precios establecidos que siguen siendo un claro abuso para los sueldos que una gran mayoría de trabajadores viene cobrando; unido a la absurda pretensión de que sea el propio mercado inmobiliario el que regule y baje los precios de los alquileres, resultan de una ineficacia alarmante. Y si a las propuestas de la izquierda nos referimos, también podemos observar que se siguen lanzando ideas cuya efectividad en la Pitiusas acaba siendo nula. Entre estas últimas señalar el reciente anuncio del Presidente del Gobierno del Estado, proponiendo incentivos fiscales a aquellos propietarios que no aumenten el alquiler en los contratos a renovar este mismo año.
En las Pitiusas no basta con congelar los alquileres, puesto que ya son un autentico robo, es imprescindible recortarlos y establecer topes razonables de los mismos. Qué alquiler se va a congelar, si aquí ya se están pidiendo 1.400 euros por una habitación compartida. Por otro lado, diversos estamentos como Govern Balear o el Colegio de Arquitectos, solo tienen en mente la necesidad de más y más construcción, con el argumento simplista del enorme crecimiento demográfico.
No parece que nadie quiera tener en cuenta que en Eivissa son 3.335 las viviendas de uso turístico regularizadas y en Formentera otras 717 y eso sin contar varias miles más ilegales. ¿Nadie se ha parado a pensar que ocurriría si todas ellas volvieran al alquiler residencial y con un precio controlado? La deducción es fácil, no es tan importante y necesario construir más, como gestionar debidamente todo lo ya construido.