Resulta evidente que la realidad suele poner cada cosa en su sitio y en muchos casos desmiente de forma clara y contundente ciertas informaciones relacionadas con supuestos avances en la lucha contra determinados problemas sociales. De los muchos informes y estudios sobre resultados diversos relacionados con el cierre de 2025, algunos resultan desconcertantes por parecer contradictorios en sí mismos y otros no son más que pura demagogia política.
Algunos de estos informes de balance del pasado año son los referidos al número de visitantes acogidos a lo largo de ese año y la cantidad de pernoctaciones registradas en ese mismo periodo. El resultado de ambos análisis resulta desconcertante. Mientras se batió un año más el récord de turistas llegados a nuestras islas, resulta que las pernoctaciones en las Pitiusas se redujeron. Esos datos, vistos desde fuera y sin profundizar en los mismos, podrían pasar sin pena ni gloria; de no ser por el hecho de que no concuerdan con otros ofrecidos por el Consell Insular y de los que se ha venido alardeando, desde mi punto de vista con poca rigurosidad.
Desde la máxima institución insular, se afirma con contundencia que en 2025 se eliminó un 80 % la oferta de alquiler turístico residencial ilegal. Esta información dicha así, manipula directamente la realidad y puede llevar a entender algo que no se ajusta a lo verdaderamente importante. Es cierto que por vía de diversos acuerdos alcanzados con determinada plataforma que da cabida a los anuncios de todo tipo de alquileres turísticos residenciales, se ha conseguido eliminar la mayoría de los anuncios de alquileres ilegales. Ello se ha conseguido endureciendo los criterios exigibles a la hora de poder publicar un anuncio en dicha plataforma.
Pero siendo sinceros, deberemos reconocer que lo único que se ha conseguido realmente es recortar en ese 80 % ese tipo de anuncios; en ningún caso ha significado necesariamente la reducción real en el número de plazas turísticas ilegales ocupadas durante ese año analizado. Todo ello nos puede hacer dudar sobre la efectividad real en la lucha contra esos alquileres ilegales y por tanto, debemos dudar sobre la efectividad en la recuperación de todas esas viviendas para el mercado de alquiler residencial.
La primera prueba de que a pesar de los anuncios de supuesta efectividad, la situación sigue siendo problemática y desesperante, la tenemos en las primeras declaraciones de los expertos en la materia, que ya han empezado a destacar las enormes dificultades que de nuevo tienen para poder completar las plantillas de trabajadores en sus diversas empresas y negocios. Al contrario de lo que sería lógico, la crisis habitacional se mantiene y no hay visos de que de cara a la próxima campaña veraniega vaya a cambiar. Sigue a la orden del día el abuso y la especulación inmobiliaria. Los propietarios que vienen obteniendo importantes beneficios de dichos alquileres irregulares continúan con su actividad; ahora utilizan otras vías para seguir explotando tanto al trabajador que tiene que venir para cubrir las necesidades del verano, como al residente habitual. En ambos casos, siguen viendo como la posibilidad de encontrar una vivienda digna a un precio asequible, sigue siendo un mar de dificultades, cuando no un imposible real.
Siguiendo con la absoluta ineficacia en la solución del problema de la vivienda, hay otro dato que pone en evidencia el incomprensible optimismo que se muestra desde las instituciones. Los estudios y los informes que citaba al principio del artículo ofrecen un dato relevante; sube un año más el número de turistas que nos han visitado, sin embargo han bajado el número de pernoctaciones de forma significativa. Ese dato es relevante, ya que lo lógico sería que a más turistas, más pernoctaciones.
La deducción que cabe hacer es que siguen viniendo muchos turistas que siguen utilizando como residencia en su estancia en nuestras islas, las miles de viviendas que se alquilan turísticamente de forma ilegal. A ello cabe añadir la absoluta ineficacia de las medidas correctoras de la situación, que desde los poderes políticos se están adoptando. La derecha sigue dejando en manos del libre mercado la posibilidad de que sea este el que regule los precios. Pero lo cierto es que por sí solos no se van a contener y mucho menos van a bajar.
Las viviendas de segunda mano están a más de siete y ocho mil euros el m2 y el territorio disponible para la nueva construcción es escaso dada nuestra limitación insular. Lo poco que se construye sale a la venta a unos precios prohibitivos y nadie parece dispuesto a tomar la decisión de intervenir en un mercado gestionado principalmente por los más poderosos, en detrimento de los trabajadores y la cada vez más escasa clase media. Es más necesario que nunca corregir errores del pasado y sacar del negocio turístico la vivienda residencial. Pero claro, para ello hace falta valentía y esta escasea.