La primera vez que en esta isla se habló de intrusismo fue a finales de los 90. Los comerciantes se quejaban de que las playas se habían llenado de gente que vendía de todo y a precios que nada tenían que ver con los del comercio legal. Desde entonces, ha llovido muchísimo y los piratas se han metido en prácticamente todos los sectores. Y es que es casi imposible evitar que los aprovechados surjan allí donde el dinero fluye. La mejor definición de la lucha contra el intrusismo que he escuchado la ha hecho el portavoz de VOX en Vila, Héctor Andrés, que, en el pleno del pasado mes de enero, dijo que no puede entenderse «como una medida restrictiva sino como una obligación de la administraciones públicas». Lo hizo al defender una moción que tenía como objetivo que el Ayuntamiento activara todo lo necesario para luchar contra la economía paralela detectada en el sector de los servicios turísticos complementarios. Eso que ahora se llama «concierge». Sorprendentemente, el PP, que ha hecho de la guerra contra el intrusismo seña de identidad, votó en contra. Y eso que quedó claro que esta lucha es una obligación de la Administración, no un regalo que nos hacen a los ciudadanos.
Esta semana en el Parlament, el PSOE criticó el triunfalismo del PP en esa misma lucha contra la piratería, refiriéndose a los alquileres turísticos ilegales. Es verdad que se ha avanzado pero también lo es que la retirada de 3.000 anuncios de Airbnb no ha provocado que se mueva ni un milímetro la oferta de alquiler residencial. Si esos pisos turísticos ilegales no se han trasladado al mercado residencial legal, ¿dónde están? El intrusismo lo acaba corrompiendo todo. El propietario de un catering me contó hace un tiempo cómo una administración pública buscaba cocineros en Instagram. Enviaron la oferta a un listado de mails en el que la gran mayoría de los destinatarios eran ilegales en el sector. Ante algo así, no sabes si reír, si llorar o qué hacer.