Corría el año 2003 y la Organización Nacional de Ciegos Españoles necesitaba una campaña publicitaria para su sorteo extraordinario de verano. El encargo lo ejecutó la agencia de publicidad Tandem DBB con la campaña «La canción del verano» resumida en el eslogan «si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la ONCE, o haces la canción del verano», lo que fue acompañado de tres inolvidables spots con pegadizas canciones veraniegas que todavía perduran en la memoria popular. En el primero, fruto de las cañas que se tomaron los creativos de la agencia en un bar cercano a su oficina, se interpretaba el tema «Tapita», en el que un camarero, junto a un organillo ubicado en la azotea de un edificio, cantaba a ritmo de pasodoble «que qué es lo que tengo, que tengo de tó», relatando de carrerilla la carta del establecimiento con eso de «tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo tortilla, tengo ensalá, tengo huevas muy bien aliñás». El segundo lo protagonizaba el tema «Medusa», en el que tres mujeres entonaban en una terraza ajardinada aquello de «me pica la pierna, me pica el ombligo, me pica la cabeza quiero estar contigo, me pican los labios, me pica el corazón, me pica la medusa, la medusa del amor».
Pero fue el tercer anuncio, en el que se interpreta la canción «Cremita», el que perdura en mayor medida en el imaginario colectivo. En él, tres integrantes del propio equipo de publicidad, ataviados con camisa hawaianas típicamente veraniega y sirviéndose de una guitarra española, entonaban el famoso «tú me das cremita, yo te doy cremita, aprieta bien el tubo que sale muy fresquita». Su repercusión social, comparable con el también clásico «Quid pro quo» del Doctor Hannibal Lecter a la agente Clarice en el Silencio de los Corderos, ha permanecido en la cultura patria como indicador viral del consabido acuerdo de reciprocidad mutua en el que uno da solo a cambio de recibir y el otro recibe solo a cambio de dar. Lo curioso es que, veintitrés años después de aquella exitosa campaña publicitaria, la letra de esta canción siga resultando recurrente e inspiradora cuando presenciamos ciertos tejemanejes que, bajo la apariencia de meras concesiones políticas, esconden preocupantes amenazas para la igualdad, la equidad y la solidaridad propias de un Estado de Derecho.
Ya no nos sorprende que Canarias tuviera mucho antes que Baleares la bonificación por razón de residencia del 75% en los vuelos. Tampoco que en aquellas islas se disfrute desde hace años de un plus de insularidad muy superior al que retribuye la labor del personal de la Administración General del Estado en las nuestras, como tampoco que lo perciban en el País Vasco y Navarra por razón de la peligrosidad propiciada por una banda terrorista desarticulada hace tiempo. Se trata de caballos de troya repletos de más competencias y ventajas en materia de fiscalidad y financiación que llegan a alcanzar cuestionables reformas penales y benévolas medidas de gracia sin olvidar la entrega de un coqueto palacete en París. Ya ven que nos hemos acostumbrado a que, desde los 90 y según como sople el viento, se legisle pretendiendo satisfacer exclusivamente determinados intereses individuales que no coinciden ni por casualidad con el sentido y el bien común. Vamos, el clásico «tú me das cremita, yo te doy cremita», ahora ya a calzón quitado, hasta el punto de convertir las tradicionales concesiones políticas a los denominados partidos bisagra en auténticas prebendas fruto del más vil de los chantajes.
Y es que si bien hace unas semanas el Ministerio de Justicia anunció la creación de 500 nuevas plazas de jueces en 2026 para todo el territorio nacional, de las que 91 correspondían a Cataluña, recientemente se ha dado a conocer que, gracias al acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno, en 2027 se crearán otras 90 plazas adicionales en dicha Comunidad Autónoma, pasando de los 870 existentes en la actualidad a contar con una planta judicial de 1.051 jueces, lo que supondrá un incremento del 20’8% en tan solo dos años, pasándose de un ratio de 10’6 a 12’8 togados por cada 100.000 habitantes, cifra todavía alejada de la media europea. Evidentemente, el servicio público de justicia es esencial en nuestra sociedad y resulta necesario reforzarlo ante el aumento exponencial de la litigiosidad, por lo que la creación de nuevas plazas judiciales siempre es una buena noticia que debe celebrarse. Pero no por ello puede obviarse que el aumento de la planta judicial es una cuestión que debe realizarse exclusivamente en atención a las reales necesidades existentes en el conjunto del Estado y no como mera moneda de cambio en las negociaciones y pactos políticos hasta el punto de mercadear con algo de tanta relevancia para la ciudadanía y para la debida independencia judicial.
Piensen que si bien conocemos cuantas se crearán en 2027 en Cataluña, sin que para ello haya sido obstáculo la falta de aprobación de una Ley de Presupuestos Generales, desconocemos cuantas lo serán en el resto de territorios, lo que hace dudar también de la forma en que tendrá lugar su cobertura, pues recordemos que todavía se encuentra pendiente de aprobar el proyecto de estabilización de jueces sustitutos al que todas las instancias judiciales se opusieron rotundamente, y que si no ha sido aun aprobado es, precisamente, por las desorbitadas exigencias reclamadas a cambio de su apoyo por determinadas formaciones. Casualmente, el anuncio del acuerdo coincidió con la abstención de ERC en la votación en el Congreso que propició la aprobación de la reforma del Código Penal en materia de multirreincidencia. Qué casualidad. Y es que de seguir por estos derroteros cualquier día nos podremos encontrar con un poderjudicial.cat y hasta con el uso obligatorio de togas color blaugrana, porque ya saben que aquí, como en el anuncio, «tú me das cremita, yo te doy cremita, ponte boca abajo que queda una gotita».