El Colegio Oficial de Trabajo Social de Baleares (COTSIB) denunció este lunes que el Ayuntamiento de Santa Eulària está cobrando de manera anticipada 50 euros por persona por la tramitación del informe de vulnerabilidad social, un documento necesario para el actual proceso de regularización extraordinaria. El organismo ha trasladado su preocupación por este hecho a la Delegación del Gobierno.
Según informó el Colegio, en Santa Eulària se está exigiendo el pago de esa cantidad en el momento de presentar la instancia a través del registro general para la tramitación del informe. El COTSIB recordó que, tal como se indica en la web del Ministerio correspondiente, «la descarga del modelo de solicitud del certificado de vulnerabilidad, así como su sellado y expedición, es gratuito».
En este sentido, el Colegio consideró que el cobro podría ser contrario a la normativa vigente y advirtió de que esta práctica «supone una barrera de acceso especialmente grave para personas en situación de mayor vulnerabilidad social y económica, dificultando e incluso impidiendo el ejercicio de sus derechos administrativos en un procedimiento dirigido a colectivos en situación de especial fragilidad».
Por ello, el COTSIB solicitó a la Delegación del Gobierno que valore los hechos y, si corresponde, adopte las medidas oportunas para garantizar la correcta aplicación del procedimiento.
Desde este organismo relataron que diferentes profesionales colegiados pusieron en su conocimiento esta práctica, corroborando también la información con los servicios sociales de Santa Eulària.
«Piden los 50 euros por el informe y, si valoran después que la persona es vulnerable, le hacen la devolución. La información del Ministerio deja muy claro que ese tipo de certificados no se pueden cobrar. Eso ya puede ser una barrera para algunas personas porque hablamos de gente muy vulnerable», señalaron desde el COTSIB.
En el Colegio reconocieron «sorpresa» por la decisión del Ayuntamiento y aseguraron no tener constancia de que ninguna otra institución cobre por el trámite.
La respuesta
Tras conocer la denuncia del COTSIB, el Ayuntamiento de Santa Eulària aseguró seguir «el estricto cumplimiento de la legalidad vigente» y, por tanto, el cobro de la tasa por la expedición de documentos administrativos se fundamenta en el punto 3.5 de la Ordenanza Fiscal municipal. Esta tasa responde a la actividad administrativa necesaria para la tramitación de expedientes y la emisión de certificados oficiales, según recordaron fuentes municipales.
El Consistorio aseguró que el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, no establece en su articulado la gratuidad en la expedición de documentos o certificados por parte de las administraciones locales. Si bien la página web del Ministerio puede contener orientaciones informativas, la base jurídica que rige el procedimiento administrativo no obliga a las entidades locales a renunciar a sus tasas por servicios técnicos y administrativos, salvo en los casos de exención expresamente regulados.
Ante las críticas, el Ayuntamiento quiso reafirmar su compromiso con los colectivos más desfavorecidos. Por ello, su propia Ordenanza Fiscal ya recoge mecanismos para proteger a quienes carecen de recursos y la normativa municipal prevé la exención del pago de la tasa para todas aquellas personas que sean usuarias de los servicios sociales municipales. «Para que el departamento de servicios sociales pueda informar favorablemente sobre dicha exención y cumplimentar el correspondiente anexo de vulnerabilidad, es preceptivo que los profesionales del centro conozcan la situación personal, familiar y económica de los solicitantes», apostillaron.
También confirmaron que ninguna persona calificada técnicamente como ‘vulnerable’ tendrá que abonar importe alguno por la obtención de este documento. La tasa únicamente se devengará en aquellos casos donde no se puede acreditar dicha situación de precariedad o en los que el solicitante no es usuario ni desea someterse a la valoración de los servicios sociales.
Desde el Consistorio lamentaron «la confusión generada por interpretaciones que no se ajustan a la realidad» y reiteraron su «total disposición» a colaborar con todas las entidades para facilitar el proceso de regularización extraordinaria.
Ya estan los chorizos trincando de los mas desgraciados, si es ilegal que los lleven p'alante, como les gusta decir