Hay una mujer en Ibiza que sigue grave. Que sigue luchando por seguir adelante.
Una mujer que hizo todo lo que estuvo en su mano. Denunció a su agresor. Aceptó las medidas de protección que el sistema le proporcionó. Confió en una orden de alejamiento. Decidió convivir con un dispositivo que controlaba las distancias. Hizo exactamente eso, todo lo que se le dice a las mujeres que hagan cuando sufren violencia: denuncia, confía, no estás sola y el sistema te protege.
Esa mujer posiblemente creyó que si el agresor se acercaba, alguien llegaría antes de que fuera demasiado tarde. Pero la mañana del 15 de febrero el dispositivo no se activó. No funcionó como debía y su agresor tuvo tiempo para todo. El tiempo que debía jugar a favor de la víctima jugó a favor del agresor. Tiempo para golpearla sin cesar y sin piedad. El parte médico constató la crudeza de una agresión despiadada y, a su vez, evidenció las grietas de un sistema de protección que dejó a una mujer totalmente a merced de un matón.
Se esperaba una respuesta institucional proporcionada a la gravedad de los hechos que llevase aparejada la asunción de responsabilidades políticas. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido cobarde y decepcionante. El Gobierno ha decidido esperar a la conclusión de las investigaciones antes de pronunciarse. Y dos semanas después de la paliza, seguimos sin una explicación convincente y sin que nadie haya dado la cara. Esta actitud no es inocente, sino que responde a estrategia organizada para que el escándalo pierda intensidad y el desgaste político disminuya.
En Ibiza se han echado en falta más voces en defensa de la víctima y menos silencios al servicio del Gobierno. Se ha echado de menos la contundencia de la izquierda política ibicenca que tantas lecciones de moralidad nos ha dado a los demás, pero que hoy guarda silencio porque el fallo de sistema nace de la estructuras políticas que ellos mismos defienden. Primero los nuestros y después (ya si eso) las mujeres.
Ahora bien, más allá del debate político, la cuestión de fondo es otra. Este caso no puede reducirse a un caso cualquiera más. El agresor es una persona con antecedentes y condenas por violencia de género, con orden de alejamiento y control telemático. No estamos hablando de un riesgo eventual, sino de un reincidente habitual cuya peligrosidad ya había sido diagnosticada. Y es aquí cuando la protección debe activarse en su nivel más alto para garantizar que la agresión no llegue a producirse nunca. La agresión se produjo, por lo tanto, podemos concluir que la prevención no existió.
Según apunta el atestado policial y las fuentes judiciales consultadas la pulsera falló. Falló el sistema que debía permitir a la víctima ganar tiempo para que la protección llegase antes que el agresor. Si ese tiempo no se genera la pulsera anti-maltrato pierde todo su sentido.
Un fallo en el sistema de protección que inevitablemente nos obliga a recordar la polémica en la que se vio envuelto el Gobierno. Hace pocos meses se supo que hubo incidencias que pusieron en serias dudas la eficacia del sistema. Hubo mujeres amenazadas que sufrieron vacíos de protección. Horas de oscuridad. Horas en riesgo. El Gobierno alegó en su descargo que se trataba de errores técnicos ya corregidos. Sea como fuera, después de la brutal agresión sufrida por esta mujer, resulta lógico preguntarse si es cierto que los fallos de las pulseras de protección fueron subsanados o seguimos arrastrando carencias estructurales que se cerraron en falso.
O se corrigieron los problemas del sistema o no se hizo. Si se hizo, el sistema no podía fallar en el momento más decisivo de todos. Y si no se hizo, alguien permitió que una herramienta clave en la protección de más mujeres funcionara con carencias imperdonables.
En cualquiera de los dos escenarios, existe una responsabilidad no solo pública, sino ética y moral. Porque no estamos ante un simple error administrativo. Porque estamos ante un mecanismo creado únicamente para proteger vidas en situaciones de riesgo extremo que no cumplió su función cuando más se necesitaba. Y cuando la protección falla y una mujer vuelve estar en riesgo de muerte alguien debe asumir la culpa y abandonar el cargo. Es el precio que hay que pagar por haber dejado que el agresor llegara primero.