A finales del pasado mes de enero, en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament Balear, tuvo lugar un debate al que no se le ha dado demasiada importancia y que en mi opinión sí la tiene. Se debatía en dicha comisión, una PNL que proponía que fuera el IBAVI quien gestione directamente todo lo relacionado con el programa «alquiler seguro» del Govern.
Hay varias consideraciones a tener en cuenta sobre esta cuestión. Para empezar, señalar que la propuesta fue rechazada por la mayoría de derechas de la comisión. Tal rechazo sirve para evidenciar cuál es la prioridad del actual Govern en materia de vivienda y por tanto cuáles son los intereses que básicamente pretende proteger. Un peso importantísimo en el desarrollo del programa «alquiler seguro» recae en los agentes de la propiedad inmobiliaria y en los administradores de fincas. Se trata de dos colectivos que tienen como objetivo fundamental la obtención del mayor rendimiento económico posible en el sector inmobiliario. Ese simple dato ya clarifica mucho el sentido que puedan tomar las gestiones que se vayan a hacer, con los propietarios de las viviendas que pudieran interesarse por el programa en cuestión.
Cabe recordar que se dejo en manos de los colegios oficiales de ambos colectivos profesionales, la fijación del alquiler máximo que se podría cobrar por parte de aquellos propietarios que decidieran sumarse al programa. Los máximos aprobados quedaron en 2.100 euros mes para Eivissa y Formentera y 1.500 euros mes para Mallorca y Menorca; haciéndose cargo el Govern del 30% de dicho importe. Está claro que con estas cifras, lo único que se ha tenido en cuenta, es que los propietarios pudieran seguir obteniendo importantes beneficios. En ningún caso se ha contemplado la realidad, que no es otra que 1.500 euros mensuales a pagar por parte del inquilino en las Pitiusas, suponiendo que este cobre 2.000 euros al mes, supondría que se vería obligado a destinar el 75% de sus ingresos al alquiler; un autentico despropósito. Claramente este programa no pondrá freno a la salvaje especulación que domina el mercado inmobiliario actual.
Atendiendo a la realidad social y económica de la mayoría de ciudadanos de estas islas, los máximos fijados deberían ajustarse más al importe de las nominas de la mayoría de los trabajadores, que al valor de mercado de las viviendas a alquilar. Por otro lado, también es cierto que tanto administradores de fincas como agentes inmobiliarios, no arriesgan nada participando en el programa, ya que todas las garantías que se establecen en el mismo las asume la administración pública. Ellos tan solo cobran lo que les corresponda por los contratos de alquiler que se hayan firmado.
Queda clara la falta de voluntad real de combatir la especulación inmobiliaria del PP, ahora bien en esta cuestión lo cierto es que la izquierda socialista tampoco puede sacar pecho en cuanto a lo que se hizo en la materia durante las dos últimas legislaturas en las que estuvo gobernando. Desde el Psib se dice ahora que están de acuerdo en que el IBAVI asuma todas y cada una de las gestiones para el desarrollo del programa «alquiler seguro». Afirman que ello implicaría un incremento del presupuesto de dicha entidad pública, tanto en personal como en medios técnicos y materiales. Dicha afirmación evidentemente es la correcta, sin embargo no parece coherente con el trabajo desarrollado por la Conselleria d’Habitatge con el actual portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista al frente de la misma, que durante más de siete años se dedico a frenar el desarrollo y potenciación de las delegaciones del IBAVI en Menorca, Eivissa y Formentera, con decisiones tan nefastas como cerrar la oficina de Formentera al mes y medio de su inauguración.
Si ahora que gobierna el PP, se asume que es factible y conveniente incrementar el presupuesto del IBAVI y potenciar lo que sea necesaria la capacidad de gestión de esta entidad en todo lo que sea control del sector inmobiliario; se debería reconocer que igual de necesario era dicho incremento durante sus años en el gobierno autonómico. Que la derecha priorice siempre potenciar al sector privado, en detrimento de las capacidades de la propia administración pública, entra dentro de lo esperable; sin embargo resulta contradictorio que desde un gobierno de izquierdas y progresista, se cercenara de golpe la posibilidad de mejorar la capacidad de gestión global del IBAVI, paralizando, cuando no eliminando como se hizo con Formentera, sus delegaciones insulares que hoy podrían estar realizando una labor encomiable en la lucha contra la especulación inmobiliaria.
Ni unos ni otros pueden sacar pecho de lo que se hizo en su momento, o de lo que se está haciendo actualmente en materia de vivienda. Los intereses privados o particulares, según los casos, han marcado la pauta en esta materia y, por desgracia a día de hoy sigue siendo así.