La terrible pandemia vírica también fue una plandemia de perversos ingenieros sociales y pícaros estafadores felices con la falta clamorosa de control y transparencia. Se alegaba que la compra sanitaria era como un mercado persa, y muchos sospechábamos que naturalmente los cuarenta ladrones estarían de ronda por el gobierno; que la peste era una oportunidad de oro para que una mafia organizada de chorizos oficiales, con tratamiento excelentísimo, se forrase mientras morían miles de personas.
El caso mascarillas fue destapado por un abogado aragonés, Ramiro Grau, al que trataron de silenciar con demandas millonarias que le han costado mucha salud en su lucha contra el leviatán estatal. El poderoso Ábalos, mano derecha del «puto amo», está en la trena, pero los isleños Armengol y Torres, que trataron con la trama, se han visto recompensados como presidenta del Congreso y ministro sanchista. La Justicia dictaminará su responsabilidad, pues en su partido no admiten nada hasta que la cosa esté cual becada faisandé, o sea rozando el límite de la descomposición (la misma estrategia se sigue con la red ferroviaria y su nefasto ministro Puente; en este gobierno la resiliencia consiste en no dimitir).
Y eso que el caso olía a podrido desde el principio. La sanidad ibicenca ya alertaba de la nula calidad de unas mascarillas que luego fueron validadas por Francina y pagadas con fondos europeos. Millones de euros derrochados y comisiones suculentas en una época muy dura, de la que nos queremos olvidar, pero cuyos desmanes deben investigarse; cuando prohibían bañarse en la mar e incluso plantearon un apartheid turístico, como si estuviéramos en la Cuba castrista, en que los turistas que visitasen Baleares tendrían más derechos a la diversión que los castigados residentes. Con mascarilla o sin ella, dan repelús.