La apertura de juicio oral contra la exconsellera insular de Bienestar Social, Lydia Jurado, por el denominado caso Amadiba es la demostración palpable de una forma de gestionar lo público que decide arbitrariamente saltarse todos los procedimientos legales, ignorarlos como si no existieran y hacer de la capa un sayo, con clara confusión entre urgencia y capricho. Según el auto del juez instructor, lo que se investiga no es una simple irregularidad administrativa, sino la firma de contratos sin expediente, sin fiscalización previa y sin aval técnico. Dos decisiones adoptadas en 2018 que podrían constituir un delito de prevaricación, que no es otra cosa que dictar a sabiendas una resolución manifiestamente injusta. Hay quien cree que en política, si el objetivo es socialmente loable, los procedimientos pueden flexibilizarse; pero es justamente al contrario. Cuanto más sensible es el servicio que ha de contratarse —en este caso, la atención a menores con discapacidad—, mayor debería ser el rigor. La propia resolución judicial cuestiona que existieran las circunstancias de urgencia extrema que justificarían saltarse los controles. Es decir, ni siquiera el argumento de la excepcionalidad se sostiene. Más preocupante aún es el funcionamiento interno de la administración insular de PSOE y Podem-Guanyem, durante la presidencia del socialista Vicent Torres Guasch. Los técnicos no avalaron los contratos. Nadie quiso firmar. Y, pese a ello, se firmaron igualmente. Los procedimientos reglados a los que había que sujetarse, así como los mecanismos de control existían, pero fueron ignorados. Se otorgó un contrato al libre albedrío de Jurado, supuestamente. Será la justicia quien determine las responsabilidades penales, pero la responsabilidad política ya es evidente. Gobernar no consiste en hacer lo que se considera oportuno, sino en hacerlo conforme a la ley.
Opinión
Amadiba: el precio de saltarse las reglas
Joan Miquel Perpinyà | Ibiza |