Sin lugar a dudas el tema estrella de esta semana gira alrededor de la noticia publicada por el diario digital «la Voz de Ibiza» en relación al que ya se conoce como el escándalo de la casa del alcalde de Vila. Dejando de momento al margen el listado de posibles irregularidades que en este caso se hubieran podido cometer, hay dos cuestiones que llaman poderosamente la atención y que tienen relación directa con clamorosos silencios por un lado y claras contradicciones por el otro.
Es cierto que desde que el mencionado diario digital publicó esta noticia, la misma ha sido incluida en los bloques de noticias locales del resto de medios de comunicación insulares, con mayor o menor profusión del tema en cuestión. Pero hay algo que no se ha podido leer, ver o escuchar en ninguno de estos medios, me refiero a las posibles declaraciones públicas defendiendo lo hecho por el alcalde, por parte de ningún responsable o cargo orgánico destacado del PP en la isla; tampoco se ha conocido en estos primeros días del citado «escándalo» cuál es la opinión que el mismo merece por parte del resto de alcaldes de la isla, todos ellos del mismo partido político.
El silencio que se mantiene transcurridos ya varios días desde la publicación de la noticia en cuestión, resulta altamente llamativo y extraño, sobre todo si tenemos en cuenta la facilidad que suele demostrar el PP a la hora de saltar a degüello al hilo de cualquier noticia que se publique y que esté relacionada con cualquier posible irregularidad cometida por un político de un partido rival. En este caso, como afecta directamente al actual alcalde del Ayuntamiento de la capital de la isla, ni un solo cargo orgánico o institucional destacado de dicho partido, se ha prestado a hacer la más mínima declaración pública sobre la cuestión, no teniendo valor alguno los comentarios de apoyo de determinados concejales de su propio equipo de gobierno municipal, publicados en la red social X.
Resulta llamativo, que ni tan siquiera el propio departamento de comunicación actual del equipo de gobierno municipal o el gabinete de prensa del partido, respondan a las diversas cuestiones o dudas que la noticia haya podido suscitar en los diversos medios de comunicación. También resulta clamorosa la falta de su habitual contundencia, en las declaraciones que sobre el caso ha hecho la Presidenta del Govern y Presidenta del Partido Popular en Baleares, ya que nos tiene acostumbrados a que sea mucho más incisiva cuando se le pregunta por algunos otros casos polémicos. En este en concreto, ha intentado ponerse de perfil tratando de mojarse lo menos posible.
En cualquier caso y en relación a las escasas declaraciones hechas por Prohens, cabe destacar que de las mismas se desprende una preocupante descoordinación en el seno de su equipo de gobierno y especialmente en el seno de su Conselleria d’Habitage y en el Ibavi. La Presidenta del Govern Balear ha querido pasar de puntillas sobre este caso y se ha limitado a afirmar que el local de la polémica, ahora reconvertido en vivienda por el alcalde, todavía no está debidamente inscrita en el correspondiente Registro de Viviendas de Precio Limitado, tal como recoge la ley aprobada por su propio Govern y que regula todo el procedimiento a seguir con este tipo de cambio de uso.
La contradicción surge a partir de que la Presidenta dice que tal registro deberá hacerse cuando se expida la licencia de primera ocupación, lo cual resulta llamativo si tenemos en cuenta que según la información ofrecida por La Voz de Ibiza, se dispone de dicha licencia de primera ocupación desde el 6 de marzo, habiendo tenido por tanto dos meses para cumplir con el requisito de registro obligatorio.
¿Qué ocurre en el Govern? ¿Quién se encarga de controlar el cumplimiento de la normativa que afecta a las denominadas viviendas de precio limitado? Si se expidió la licencia de primera ocupación hace dos meses, cómo es que la Presidenta afirma que se está a la espera de la expedición de la misma. Es el más claro ejemplo de lo que ya se venía sospechando, que el descontrol en materia de vivienda en el Govern Balear, que es quien tiene las competencias, es total y absoluto. Si la Presidenta desconoce la existencia de una licencia otorgada, es bien porque el Conseller d’Habitage no le ha notificado tal circunstancia, o bien porque el propio Conseller lo desconocía, lo cual sería todavía más grave.
Lo que está claro es que falta mucho control y comunicación entre el Ibavi, la Conselleria y la Presidenta. Resulta evidente la falta de rigurosidad y por tanto de credibilidad de cualquier declaración que sobre el caso pueda aparecer, proveniente de algún estamento del Govern.
Cómo vaya a acabar este caso en concreto, se verá próximamente, ya que dudo que desde la oposición en el ayuntamiento y desde el medio de comunicación que publicó la noticia, vayan a conformarse con las escasas y contradictorias explicaciones ofrecidas por todos los posibles implicados hasta la fecha.