España. Año 2028. El gobierno convoca un referéndum para decidir si THENTE 1, un polémico sistema de inteligencia artificial, se implantará para gestionar la Administración de Justicia sustituyendo de forma íntegra a los jueces en la toma de decisiones. Su loable finalidad es la de automatizar y despolitizar la justicia cambiando la forma de entender la configuración del tercer Poder del Estado. Los defensores de la propuesta prometen juicios más rápidos, ágiles e imparciales que desatascarán definitivamente el colapso de los tribunales al considerar que «la justicia humana no es una opción realista». Sus detractores, por el contrario, ponen de manifiesto graves riesgos inherentes al uso de esta tecnología y su posible manipulación para la resolución de determinados conflictos, pues al basarse en algoritmos se alimenta exclusivamente de aquellos que interesadamente se le introduzcan, lo que equivale a «entregar la independencia judicial y uno de los principales Poderes del Estado a una multinacional». La reputada magistrada Carmen Costa es invitada a participar en el desarrollo del pionero proyecto, pero la desaparición de Alicia Kóvac, inventora del sistema, le hace desconfiar y sospechar que, en realidad, se trata de una conspiración gubernamental para controlar de forma interesada a los ciudadanos desde los tribunales de justicia.
Esta es la trama que se desarrolla en Justicia artificial, una película de ciencia ficción y tintes políticos dirigida por Simón Casal y estrenada en 2024 que cuenta con la interpretación estelar de la malograda Verónica Echegui y que pone de manifiesto, desde la intriga propia de un thriller y la reflexión asociada a las hipótesis futuristas, los inconvenientes de servirse de una inteligencia artificial, sin alma, intuición y humanidad, en la toma de decisiones tan cruciales para el devenir de los ciudadanos. La pregunta que la cinta lanza al aire es si el uso de estas nuevas tecnologías serviría para despolitizar la justicia o más bien para controlarla desde dentro, una disyuntiva irresoluble que debe traerse a colación en un momento en que los ataques al poder judicial se producen de forma abierta, grave e indiscriminada dinamitando su independencia, elemento principal de una institución esencial en nuestra sociedad.
En las últimas semanas, sin ir más lejos, el mismísimo titular de la cartera de justicia, a raíz del procesamiento de la primera dama por cuatro graves delitos, salió rápidamente a la palestra para manifestar sin paños calientes que la decisión del magistrado instructor constituye un ataque personal y consciente que responde exclusivamente a motivaciones espurias, llegando a asegurar que «muchos de sus compañeros han sentido vergüenza por la decisión». También otros miembros del Gobierno siguieron esta desafortunada senda, afirmando el titular de Transportes que «estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente». Este hecho, que ha dejado de ser aislado para convertirse en habitual y que excede de la legítima crítica democrática de las decisiones judiciales, viene a confirmar una vez más, y ya van demasiadas, que resulta necesario seguir perseverando en la exigencia de responsabilidad, contención y lealtad institucional a los distintos representantes públicos en sus declaraciones, pues conforme se encadenan causas judiciales que enjuician graves actuaciones delictivas que afectan a según qué ciudadanos, se fomenta de forma interesada un mayor grado de animadversión y crispación hacia los integrantes del poder judicial dirigidas a erosionar la percepción de la ciudadanía sobre su imparcialidad y a influir de forma definitiva en la confianza social sobre la justicia.
Estas graves manifestaciones fueron afeadas por Michael McGrath, comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y protección del consumidor de la Unión Europea, que advirtió de forma contundente sobre un alto riesgo de injerencia política en nuestro poder judicial, sin ir más lejos, a través del propio sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que no solo suscita inquietudes sobre la influencia política de la gobernanza judicial, sino cuya pretendida reforma, que motivó la consensuada renovación del órgano de gobierno de los jueces, duerme plácidamente el sueño de los justos. Esta idea no es nueva, sino que constituye reiteración de la plasmada en los reiterados informes emitidos tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de Europa, que destacan como factores que debilitan la confianza pública en la justicia el retraso en los procesos judiciales no corregidos a través de los nuevos Tribunales de Instancia, creados sin medios materiales, personales y tecnológicos, la vinculación del nombramiento del Fiscal General a un Poder del Estado, la colonización a calzón quitado de las instituciones más relevantes, el uso partidista de medidas de gracia e incluso la existencia de deficientes mecanismos anticorrupción.
Ya ven que el menosprecio y la crítica populista a lo resuelto judicialmente vuelve a estar de moda. Tanto que Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo denunció en su reciente visita a España afirmando que «cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio». Y sí, está claro que el hecho de querer controlar a los jueces no es algo nuevo ni exclusivo de nuestro país. Desde la revolución francesa hasta la actualidad hemos sido testigos de momentos históricos en que se han producido intentos más que evidentes. Lo sorprendente es que esta vez se haya optado por la vía de la crítica desmedida e interesada para inocular en la ciudadanía la creencia de que la actuación judicial está deslegitimada por hacer un uso interesado de la soberanía que solo a ellos pertenece. Y es en un contexto así donde la implantación de un sistema como THENTE 1 no parece ya una simple entelequia. Eso sí, pregúntense entonces quién introducirá los concretos algoritmos que resolverán cada procedimiento. Porque no deberían olvidar que, tanto en la ardua tarea de impartir justicia como en cualquier otra materia, siempre resultará aplicable aquella máxima de… «zapatero a tus zapatos».