Cuando surge un problema en nuestra sociedad, lo lógico es que por parte de quien tiene la obligación de gestionarlo se averigüe cómo ha aparecido, cuáles son las consecuencias directas del mismo, cuáles son las formulas idóneas para combatirlo y por supuesto, una vez determinadas estas últimas, aplicarlas con urgencia para revertir esa situación de conflicto. Pero todo ello es lo que sería deseable que ocurriera y, otra cosa muy distinta es lo que realmente ocurre.
Los problemas en nuestra isla se van acumulando a un ritmo muy superior al que se consigue en la aportación de sus posibles soluciones, por lo que nuestro día a día se ha convertido en una especie de embudo en el que el camino hasta la posible salida a diversos de esos problemas que nos acucian como sociedad, claramente se va estrechando y por lo tanto, existe una clara sensación de decepción con quienes tienen la obligación de ejercer la función de gestión pública.
En determinados casos, sobre todo en aquellos en los que se ve claramente que para combatirlos solo sirve la unidad de acción, puesto que el problema afecta a todos los niveles de la sociedad, el problema acaba adquiriendo la gravedad suficiente como para que la necesidad de combatirlo esté por encima de idearios o ideologías de un determinado color político. Y sin lugar a dudas, si hay un problema que requeriría ser tratado como una cuestión de estado, que lo es sin duda, es el de la cada vez más grave crisis habitacional; que además tiene en nuestra isla repercusiones especialmente graves.
Pues bien, ante la espeluznante situación habitacional que nos afecta de lleno, qué es lo que está ocurriendo. De todos los pasos citados al principio del artículo, lo único que se está haciendo en realidad es lo de analizar la situación, nada más. Ciertamente es como una cascada sin fin, la cantidad de formulas diversas que se vienen convocando para analizar el problema de la vivienda en la isla; tienen lugar todo tipo de jornadas técnicas, mesas redondas y conferencias con todo tipo de expertos y estudios detallados sobre la situación. En la mayoría de casos, la conclusión principal a la que se llega, es que la demanda de vivienda supera con creces a la oferta, siendo consecuencia de ello que el libre mercado está estableciendo unos precios cada vez más elevados a los que ya resulta difícil llegar a gran parte de la población.
Uno de estos actos de análisis de la situación en nuestra isla, ha sido un debate organizado por un observatorio de edificación, en el que han participado especialistas que pueden tener relación con la crisis inmobiliaria, entre ellos arquitectos, ingenieros o juristas. De dicho debate se sacaron diversas conclusiones, unas más acertadas que otras, en mi modesta opinión; entre ellas que la población en la isla ha crecido espectacularmente, que la tramitación administrativa de cualquier proyecto inmobiliario es extremadamente lenta, que hay un exceso de normativa urbanística que condiciona la planificación territorial y que con dicha planificación se ha pensado más en el desarrollo económico de la isla que en las necesidades reales de la población residente.
Consecuencia directa de todo ello es que el ritmo de construcción de viviendas de lujo ha seguido al alza, mientras que se ha abandonado la necesidad de cubrir la demanda de vivienda por parte de la población residente y trabajadora. Pero de todo ello, posiblemente lo que más llame la atención es cuando se afirma que «Ibiza se acerca al límite». ¿Cómo que se acerca? Nuestra isla ha sobrepasado todos los límites imaginables, la especulación es la que manda en la isla, hay población residente de toda la viva, que tiene que abandonarla por no poder acceder a una vivienda, la totalidad de las empresas, negocios y comercios tienen enormes dificultades para cubrir sus plantillas, aparecen numerosos asentamientos ilegales de chabolas y caravanas y lo que es más grave, en la isla hay miles y miles de viviendas oficialmente vacías, si bien en realidad la mayoría de ellas están dedicadas al alquiler turístico ilegal, en cualquiera de las diversas modalidades aplicadas actualmente.
Con todo ello, hay dos cuestiones que son una realidad evidente; por un lado que los partidos políticos al frente de nuestras instituciones, siguen haciendo la guerra cada uno por su cuenta y hasta hoy todas y cada una de sus propuestas han obtenido un escandaloso fracaso y, por el otro, quizás la que resulta más llamativa, que en ninguna de las jornadas, mesas redondas, conferencias o debates sobre la crisis habitacional, se ha puesto sobre la mesa el altísimo grado de responsabilidad que en la llegada de dicha crisis y en su posible resolución, tiene el negocio legalizado de alquiler vacacional de viviendas residenciales. Hay más de 4.000 viviendas residenciales dedicadas a un a un sector de negocio que no les corresponde y nadie, ni expertos ni poderes públicos, hace la menor referencia a ello en sus intervenciones.
La administración en general, no puede seguir de brazos cruzados y sin querer intervenir en el libre mercado inmobiliario; hay que intervenir y regularizar debidamente el sector, pero ya.