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Opinión

La mafia nos gobierna

| Ibiza |

Durante años el PSOE ha sostenido que la diferencia entre unos y otros frente a la corrupción estaba en la respuesta política. Mientras otros partidos supuestamente protegían a los suyos, los socialistas presumían de actuar con ejemplaridad. «Absoluta contundencia y colaboración con la Justicia», proclamaba la ministra portavoz, Pilar Alegría. La realidad está desmontando ese relato. Las informaciones conocidas sobre el llamado caso Leire apuntan a que hacían justamente lo contrario. Ya no estaríamos hablando únicamente de presuntas tramas corruptas, sino de algo todavía más grave. Se cree que el PSOE montó una operación para interferir en investigaciones judiciales, desacreditar a quienes las impulsaban y obstaculizar el trabajo de jueces, fiscales, policías y guardias civiles. Esto es, actuar contra los propios mecanismos del Estado de derecho. Leire Díez, una militante sin responsabilidades institucionales, supuestamente mantenía contactos y reuniones con altos cargos como la directora general de la Guardia Civil y el número dos del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Y, sin embargo, quieren hacer creer que esos encuentros fueron conversaciones intrascendentes tomando té con pastas. Te tienes que reír. Si las sospechas que se están investigando son ciertas, el problema ya no es la corrupción, sino el intento de protegerla utilizando resortes políticos e institucionales. Y eso supone cruzar una línea extremadamente peligrosa. La dirección del PSOE insiste en que nadie sabía nada. Ni los responsables orgánicos, ni los cargos implicados, ni mucho menos Pedro Sánchez. Inverosímil. Pero ya no hay que escuchar las reacciones, sino observar los hechos. La contundencia que tanto se pregonaba ha quedado reducida a una mera operación de propaganda. Pero la credibilidad del PSOE se ha desplomado, como revelan las encuestas publicadas este pasado fin de semana.

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