La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, afectan de plano al prestigio de la institución. Los dos máximos responsables de la Benemérita deberán comparecer el 16 de julio ante un juez de la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Nada menos. La presunción de inocencia debe respetarse siempre, pero existe una responsabilidad institucional que obliga a no comprometer la credibilidad ni la imagen del Instituto que ambos representan. Mantenerse en el cargo mientras pesa sobre ellos la sospecha de haber participado en maniobras para dificultar investigaciones de la UCO sobre casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es incompatible con la ejemplaridad que requiere comandar la Guardia Civil.
Más incomprensible aún es el respaldo del Gobierno. Lejos de proteger a la institución, contribuye a deteriorar su imagen y alimenta la sospecha de que el Ejecutivo antepone sus intereses al prestigio del Cuerpo. ¿Cómo pretenden acudir a declarar ante el juez, estando en la cúspide de un instituto armado de naturaleza militar y estructura jerárquica? ¿No son conscientes del daño que provocan? Lo son, pero no les importa.
La Guardia Civil tiene un lema que resume una forma de entender el servicio público: «El honor es mi divisa». Ese honor no se defiende resistiendo en el puesto a cualquier precio, sino apartándose cuando la dignidad del cargo así lo exige. Mercedes González y Manuel Llamas deberían dimitir hoy mismo. Les bastaría con leer el artículo 1º del reglamento: «El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás». ¡Dimitan inmediatamente!