Para muchos, especialmente en la derecha política española, los últimos meses de la presente legislatura habrán estado marcados por el listado de casos de presunta corrupción que el PSOE tiene abiertos en diversos juzgados. El PP y Vox están decididos a hacer de esos casos recientes su bandera en su lucha permanente por desprestigiar, sea como sea, todo aquello que tenga relación con el Partido Socialista. Tal como viene ocurriendo sistemáticamente, unos y otros pretenden manipular a la sociedad española, intentando hacernos creer que todo lo malo que ocurre se debe a la nefasta gestión del que gobierna y que solo la recuperación del poder por parte de quienes están en la oposición será lo que permita recuperar la cordura y el equilibrio político.
Unos y otros olvidan que en algún momento han tenido, y tienen todavía, sus propios casos de corrupción, unos sentenciados, otros con juicio oral abierto y los terceros en fase de instrucción. Pero todos ellos pretenden hacernos creer que lo que en algún momento les afectó ahora mismo carece de importancia y que solo hay que centrarse en aquellos casos que afectan al rival político hoy. Todos hacen gala de una alarmante amnesia parcial interesada en lo que se refiere a los casos de corrupción propios.
Como he dicho antes, para la derecha lo que marca la segunda mitad de la presente legislatura son esos casos de presunta corrupción que afectan de forma directa o indirecta al actual Gobierno socialista, pretendiendo ellos presentarse como un partido limpio de cualquier mancha de corrupción. Lo cierto es que se sigue tratando a la sociedad en general y a los potenciales votantes en particular como si fueran lerdos incapaces de analizar tanto el presente como el pasado.
Pero hay una circunstancia que es realmente relevante desde el punto de vista político y social y a la que no parece que se le quiera dar la relevancia que realmente tiene. Me estoy refiriendo a los últimos procesos electorales que han tenido lugar en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En estas cuatro CC. AA. el PP decidió convocar elecciones en esos territorios que ya venía gobernando. Con las citadas convocatorias electorales se perseguían dos objetivos básicos: por un lado, conseguir hundir al PSOE y, por el otro, restarle los votos suficientes a un Vox cada vez más presente en esos parlamentos autonómicos, buscando con ambas cosas conseguir la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario.
En algunos casos, durante las semanas de precampaña, se intentó por parte de la derecha menospreciar a sus excompañeros de partido, es decir, a la extrema derecha, con la inútil pretensión de captar el voto útil conservador. En las cuatro elecciones autonómicas citadas se ha venido repitiendo el mismo patrón de campaña y, en todos los casos, el resultado ha acabado siendo el mismo. El PP ha acabado venciendo, pero sin llegar a la deseada mayoría absoluta, encontrándose en la coyuntura de tener que buscar pactos para gobernar. En todos los casos, el único partido con diputados en cada cámara autonómica dispuesto a pactar con el PP ha sido Vox.
Por mucho que los líderes regionales del PP hubieran pretendido renegar de Vox inicialmente, uno tras otro han ido arrodillándose ante Vox y asumiendo los preceptos de la extrema derecha, para cerrar acuerdos de Gobierno. Esos pactos con otros partidos son perfectamente válidos siempre que se hagan dentro de los preceptos recogidos en nuestra normativa vigente y, sobre todo, se establezcan entre partidos plenamente dispuestos a aceptar las reglas básicas de nuestra democracia. En las cuatro autonomías citadas, tal premisa de validez puede quedar perfectamente puesta en duda, ya que el PP está asumiendo la ideología de un partido homófobo, machista, xenófobo y que ensalza la dictadura franquista, como única opción para seguir gobernando.
La pretendida moderación defendida por algunos de los dirigentes autonómicos del PP —y digo algunos, ya que otros directamente se identifican sin ningún problema con ese ideario extremista que pone en duda determinados preceptos que son determinantes en democracia— ha ido saltando por los aires con cada una de las cuatro negociaciones, incluyendo, por supuesto, al máximo exponente de dicha moderación, el Sr. Moreno Bonilla, quien ha acabado poniéndose de rodillas ante Vox y tragándose, entre otros, el sapo de la «prioridad nacional».
Todo ello tiene una consecuencia directa peligrosa y es la pérdida de los valores esenciales en democracia. Desaparece con ello la derecha que hasta ahora había asumido y defendido esos valores y es la extrema derecha la que acaba imponiendo los criterios básicos de su ideario político. Con ello nuestra sociedad dará no uno, dará muchos pasos atrás en todo lo conseguido a través de nuestra democracia. La derecha moderada se ha diluido y ahora pasa a ser el brazo ejecutor de las consignas de la extrema derecha. Sin duda, eso pone más en peligro a nuestra democracia que los posibles corruptos de ambos lados.