Las declaraciones de la ministra Diana Morant, en las que reconoce que decidió no atender las llamadas ni responder a los mensajes del entonces vicepresidente para la reconstrucción de la Generalitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, porque no quería «participar en la estrategia de maquillaje del señor Mazón», resultan extraordinariamente graves.
Resulta difícil de justificar que una discrepancia política sirva de argumento para negarse siquiera a escuchar al responsable de otra administración. El comportamiento de un cargo público no puede depender de la simpatía política que le despierte. Es una exigencia elemental del Estado autonómico y del principio de lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre todas las administraciones públicas. Si ese criterio fuese aceptable, el funcionamiento del Estado sería sencillamente imposible.
Bastaría con que un ministro considerase que un presidente autonómico actúa con fines propagandísticos para dejar de atender sus llamadas. Del mismo modo, cualquier comunidad autónoma podría ignorar a un ministerio alegando idénticos motivos. La gravedad del asunto no reside únicamente en el hecho de no contestar unas llamadas sino que la colaboración se supedita al caprichoso juicio político de una de las partes. Los ciudadanos no eligen a sus gobernantes para seleccionar con quién colaboran y con quién no. Les pagan para resolver problemas, especialmente cuando están en juego la reconstrucción de municipios, la recuperación económica y el bienestar de miles de afectados.
Paradójicamente, Diana Morant aspira ahora a presidir la Generalitat Valenciana. Precisamente por ello debería ser la primera interesada en defender una relación institucional fluida con cualquier Gobierno de España, sea del color político que sea. Porque algún día podría encontrarse en la situación inversa. Ojalá sea pronto.