Denuncia Cáritas que las administraciones se aprovechan de los servicios que pone en marcha con sus propios fondos y con donaciones privadas derivando a los mismos a usuarios vulnerables de los que esas mismas administraciones deberían hacerse cargo. Y es cierto. Desde hace demasiado tiempo la Administración en general ha convertido eso que hoy se llama «tercer sector» en el responsable de la atención a quienes más lo necesitan. Una estrategia que, en mi opinión, solo funciona si los fondos públicos fluyen como toca hacia esas entidades. Y, obviamente, si estas hacen bien su trabajo.
Cáritas también lamenta que en Ibiza se destine más dinero a la tutela de los menores extranjeros no acompañados que al cuidado de las mujeres víctimas de malos tratos y sus hijos. Y su crítica pone el foco en una cuestión incómoda: las prioridades del gasto público. Aún no he logrado que alguien me explique con argumentos lógicos por qué las empresas contratadas para cuidar de estos menores (lo de la privatización de las custodias es digno de estudio) nos cobran por cada uno de ellos más de 9.000 euros mensuales. Si yo necesitara ese dinero para cuidar de mis hijos, tendría que cobrar 18.000 euros al mes. Es evidente que no llego ni queriendo.
En el caso del centro Nazaret, donde Cáritas acoge a víctimas de violencia y sus hijos, la situación para mí se agrava si tengo en cuenta cómo toda la clase política al completo se llena la boca en defensa de la mujer cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre.
Tal vez no necesitamos tantas campañas de promoción del propio político a cuenta de la mujer y sí lugares donde estas víctimas puedan empezar a salir adelante tras el infierno de los malos tratos. Yo preferiría que eso lo promoviera, financiara y gestionara la propia Administración. Pero, en vistas de que esta prefiere el desvío, mejor a una ong real que a empresas privadas más preocupadas por el beneficio que por los resultados de los usuarios