Se sigue intentando escenificar un alto grado de satisfacción en el resultado que se va obteniendo con la aplicación de determinadas medidas, para tratar de solventar alguno de los graves problemas que afectan de lleno a nuestra sociedad insular. Sin duda alguna, el principal y más grave de esos problemas es la vivienda y las enormes dificultades existentes para el acceso a la misma, especialmente por parte de residentes y trabajadores que necesitan residir en la isla toda la temporada estival. La crisis habitacional se ha extendido de tal forma que a día de hoy ya afecta a una mayoría de nuestra población, ha dejado de ser un problema que únicamente castigaba a la que hasta ahora se ha denominado clase económica baja o menos pudiente. El descontrol existente en el sector inmobiliario y su clara intromisión en el negocio turístico, ha supuesto la implantación a gran escala de la especulación en dicho sector inmobiliario y con ello, la extensión del problema a lo que hasta hace poco se denominaba clase media.
La situación ha llegado al punto de que esa clase media de antes, con un trabajo y un sueldo normal del que podían vivir sin agobios, ha visto como variaba sustancialmente la distribución que hasta hace poco venían haciendo de sus ingresos. Las enormes dificultades para poder adquirir o alquilar una vivienda a los precios actuales del mercado libre, han trastocado la vida de gran parte de nuestra sociedad. Si lo que se considera normal o asumible a la hora de determinar cuál es el porcentaje de los ingresos mensuales que se destinen a la vivienda, se estima en un 30% de los mismos; actualmente quien vive en la isla está viendo que dicho porcentaje se ha incrementado hasta el 50 o 60%.
Partiendo de todos esos datos y otros muchos más en la misma línea, queda claro a día de hoy, que si bien es muy importante combatir el intrusismo en todos los sectores, debería serlo muchísimo más si hablamos del alquiler turístico ilegal. Ahora bien a partir de esta consideración hay que hacer algunas puntualizaciones, referidas a la efectividad real de alguna de esas medidas que se están aplicando. Por más que algunos insistan en negar lo evidente, la intromisión de la vivienda residencial en el negocio turístico, está teniendo consecuencias negativas en el sector inmobiliario residencial. En mi opinión, cabría reconducir el desmadre especulativo que desde hace ya años viene suponiendo el negocio del «alquiler turístico residencial». Cuanto mayor es el número de viviendas residenciales que se dedican a ese alquiler turístico, menor es el número de viviendas disponibles en la isla, a las que tanto residentes como trabajadores puedan acceder y, mucho menor todavía si hablamos de un precio asequible.
Por ello, entiendo que es correcto y prioritario luchar contra el intrusismo en ese sector y perseguir a aquellos propietarios que ilegalmente especulan con sus propiedades, con el único objetivo de obtener el máximo rendimiento de sus bienes inmuebles. Pero dicho esto, para que con dicha lucha se consiga el regreso de todas las viviendas dedicadas al alquiler turístico ilegal al sector residencial, hay mucho camino por recorrer y muchísimo más que hacer para acabar con la vergonzosa especulación inmobiliaria actual.
Los máximos dirigentes del Consell Insular, se vienen vanagloriando últimamente, excesivamente a mi parecer, de los grandes éxitos obtenidos en la lucha contra el intrusismo. Sin querer reconocer que los avances que ellos publican a bombo y platillo, no son del todo ciertos en cuanto a la efectividad de las medidas. El Propio Director Insular de Lucha contra el Intrusismo, dijo no hace mucho que la reducción que se consiguiera en el número de viviendas residenciales dedicadas al alquiler turístico ilegal, no suponía directamente un incremento de las viviendas disponibles para el alquiler residencial. Es por ello que las continuas ruedas de prensa destacando lo bien que se está haciendo desde las instituciones y los magníficos resultados que se están consiguiendo, son pura ficción.
No basta con suprimir los anuncios de determinadas plataformas en internet, no basta con anunciar varios expedientes sancionadores, cada vez con multas más elevadas, que con trámites y recursos de unos y otros se acaban eternizando. Es imprescindible por un lado ver la necesidad de intervenir directamente en ese negocio especulativo, tal como se establece en la Constitución Española y, tomar las medidas necesarias para que todas las viviendas dedicadas al alquiler turístico ilegal vuelvan al sector residencial, que es el que realmente les corresponde. Esa obsesión en la no intervención de las administraciones en el sector inmobiliario, no está obteniendo el menor resultado positivo en lo que vienen siendo la reducción de los precios y, ni tan siquiera en su contención. Los precios de alquiler y venta siguen en permanente subida y el sector inmobiliario ya no es más que un sector de indecente especulación a caballo del idolatrado libre mercado de la derecha.
Y por supuesto, después de eliminar el alquiler turístico ilegal, hay que intervenir en el que se considera mercado regulado.