La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido llevar a los tribunales la regulación que limita la entrada de vehículos en Ibiza y Formentera. No cuestiona el objetivo de proteger un territorio especialmente frágil ni la capacidad de las instituciones insulares para adoptar medidas medioambientales. Lo que rechaza es que esas normas puedan favorecer, aunque sea indirectamente, a las empresas establecidas en las islas frente a quienes pretenden operar desde fuera. Es una visión profundamente ortodoxa del mercado, coherente con la misión de la CNMC, pero que plantea un debate político y jurídico de enorme trascendencia. El conflicto va mucho más allá del número de coches que desembarcan cada verano. Lo que realmente está en discusión es si un territorio insular, con recursos limitados y sometido a una presión turística extraordinaria, puede establecer reglas específicas para protegerse sin vulnerar los principios de libre competencia y libre circulación que inspiran el mercado único europeo.
La CNMC mantiene desde hace años una línea muy clara: cualquier ventaja para los operadores radicados en un territorio constituye una distorsión competitiva difícilmente compatible con el Derecho comunitario. Esa misma filosofía explica su oposición a cualquier forma de «preferencia territorial», por muy justificadas que parezcan las circunstancias locales. En definitiva, considera que la llamada prioridad nacional o territorial choca con la normativa europea cuando introduce diferencias entre operadores económicos. Sin embargo, la insularidad genera desequilibrios objetivos que exigen respuestas singulares. Tratar igual lo que es manifiestamente diferente no siempre conduce a una verdadera igualdad. Los tribunales deberán determinar hasta dónde alcanza la autonomía de los consells insulars para proteger su territorio sin vulnerar la libre competencia.