A mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, un conjunto de obras incoherentes y extravagantes de un nutrido grupo de dramaturgos recibió, por el crítico húngaro Martin Esslin, la denominación de teatro del absurdo. Esta tendencia, cuyos precedentes se encuentran en novelas como El proceso de Franz Kafka o en El mito de Sísifo de Camus, se caracteriza por contener tramas sin sentido, fragmentaciones narrativas, escenarios surrealistas, diálogos repetitivos y representaciones oníricas en las que predomina el humor como elemento para cuestionar a la sociedad y a la propia condición humana. Pretenden plasmar, a través de una limitada y compleja comunicación entre sus personajes, la incongruencia entre las ideologías y los actos entremezclando lo ridículo y lo grotesco para mostrar el sinsentido de nuestra existencia. Figuras centrales de este movimiento fueron Arthur Adamov, Jean Genet y Eugène Ionesco, autor este último de obras como La cantante calva o El rinoceronte. Pero el mayor exponente del movimiento fue sin duda el irlandés Samuel Beckett, premio Nobel de Literatura en 1969 y autor de la icónica pieza de teatro Esperando a Godot que, estrenada en 1952 y dividida en dos actos, narra la historia de Vladimir y Estragón esperando interminablemente a un Godot que nunca llega para invitar al público a cuestionar el verdadero sentido de sus absurdas vidas en un mundo caótico que frecuentemente carece de él.
Pues bien, como los protagonistas de la obra teatral de Beckett, en Baleares llevábamos demasiado tiempo esperando la actualización del complemento de insularidad con la finalidad de mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración del Estado en un territorio que presenta un asfixiante coste de vida, una enorme dificultad de movilidad geográfica y un grave problema de acceso a la vivienda. A pesar de su evidente necesidad para una adecuada estabilidad y calidad de servicios públicos esenciales, nadie lo creía ya posible. Pensábamos que, como escribiera Beckett en su obra, «no hay nada que hacer y eso es todo», porque «la esperanza es un lujo del que no podemos darnos el gusto». Sin embargo, y cuando habíamos perdido la fe, el pasado 6 de julio se alcanzó un acuerdo en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado con distintas organizaciones sindicales que se tradujo en la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto-Ley 19/2026, de 29 de junio, cuya Disposición Adicional Única tenía como finalidad habilitar un proceso de revisión efectiva y coherente de esta cuantía indemnizatoria por residencia en un plazo máximo de seis meses.
La sorpresa fue mayúscula, pero todavía faltaba que la norma fuera convalidada por el Congreso de los Diputados para mantener su vigencia, lo que finalmente aconteció el pasado 23 de julio, tras una tensa y larga tarde de negociaciones y con una votación que arrojó un resultado de 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones. Pero su aprobación definitiva no puede maquillar la sensación de habernos sentido como auténticos espectadores de lujo de la representación de una remodelada versión de una de esas obras del teatro del absurdo. Y es que, como afirmaba uno de los personajes protagonistas de Esperando a Godot, «a veces uno debe esperar lo inexplicable».
Para empezar, los 37 votos en contra corresponden a los diputados de Podemos y Vox. Sorprende lo de los primeros, socios de gobierno, por cuanto si bien es cierto que debe resolverse el problema de la interinidad, ello no obsta a evitar que los funcionarios deban habitar en tiendas de campaña a modo 15M, en autocaravanas rollo surfers o en habitaciones compartidas a un precio difícilmente asumible. También lo de los segundos, pues además de atribuirse como propio el uso de símbolos del Estado, pero sin parecer importarles lo más mínimo quienes les prestan servicios, resulta que acumulan en su haber diversas reivindicaciones sobre esta misma actualización a la que ahora se oponen por mera rabieta. Es lo que propusieron a través de una moción en la Comisión Pública del Senado el pasado 10 de marzo o, sin ir más lejos, lo que propuso en octubre de 2025 ante la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja el diputado de dicha formación por Baleares que, sin embargo, votó ahora en contra.
No menos sangrantes son las 144 abstenciones atribuibles al diputado de Unión del Pueblo Navarro, así como a los del Partido Popular y Junts. El primero, porque en Navarra, como en el País Vasco, siguen disfrutando de un plus de peligrosidad por una banda terrorista desarticulada hace tiempo que supone un ingente gasto de fondos públicos carente ya de todo sentido. Los segundos, porque en esta misma comunidad aprobaron dicha actualización para los funcionarios autonómicos y han insistido machaconamente en esta medida a nivel estatal, como cuando en junio de 2022, en abril de 2023 o en mayo de 2025 sacaron adelante en el Senado mociones para aumentar este complemento que fueron tumbadas por un PSOE que, sorpresiva y contradictoriamente, lo ha aprobado ahora después de negarlo tantas veces. Incluso llegaron a presentar en agosto de 2023 y en enero de 2024 proposiciones no de ley con la misma finalidad, habiendo sido esta última anunciada por su portavoz adjunto, diputado que curiosamente también apretó en esta ocasión el botón de la abstención, sin que la otra beneficiosa medida que se votaba, relativa a la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la Administración Pública, pudiera servir de excusa. Y, como no, los terceros en discordia, también socios de gobierno, que no votaron a favor una medida que beneficia enormemente a uno de los territorios que, en su imaginario expansionista, solo para lo que les interesa, conforman esa unidad geográfica, histórica, cultural y lingüística que autodenominan como países catalanes.
Y es que ya ven que, como escribiera Beckett en su afamada obra teatral, «todos nacemos locos. Algunos aún siguen siéndolo». Bienvenidos de nuevo al teatro del absurdo.