El pasado mes de julio, tuvo lugar en el Consell Insular d’Eivissa el debate sobre política general en la isla. El desenlace del mismo fue tal como ya viene siendo previsible; el presidente del ejecutivo insular expuso de entrada los que se vienen considerando los mayores problemas a los que hay que hacer frente y entre ellos, se refirió una vez más al tema de la presión turística y el necesario control de la misma. Según Marí, se avanza hacia un modelo turístico basado en la contención y en el que se limitan nuevas plazas hoteleras.
De nuevo el presidente se hace trampas jugando al solitario y pretende vendernos lo que no es más que una simple reducción de anuncios en determinadas plataformas de internet, como una reducción real y efectiva del negocio ilegal de alquiler turístico de viviendas residenciales. En diversas ocasiones defendió la necesidad de regular más que de prohibir, como la gran solución a todos nuestros problemas como isla y relacionados con el turismo.
Lo cierto es que como siempre, los discursos van por un lado mientras la realidad sigue su propio camino y mantiene a los poderes públicos contra las cuerdas en lo que a la resolución real del problema que nos afecta. No basta conseguir que se dejen de publicar anuncios de alquileres turísticos ilegales de viviendas residenciales, nuevamente vemos como la tibieza a la hora de analizar y valorar la incidencia real que este negocio tiene sobre la vida de la población residente, es mucho mayor que el que se nos quiere vender a través de los discursos.
La imposibilidad de acceder a una vivienda digna y a un precio asequible por parte de los residentes en la isla, sigue siendo el gran problema que nos afecta como sociedad y, sobre esta cuestión no se ha avanzado en lo más mínimo. La población residente sigue aumentando un año tras otro y al mismo ritmo, siguen creciendo las dificultades para que esta población pueda acceder a una vivienda, ya sea mediante compra o alquiler. Estamos en el último año de la presente legislatura y vamos camino de que sea una nueva legislatura fracasada en cuanto a la problemática de la vivienda. Y la relación directa que existe entre la falta de viviendas para residentes durante todo el año y trabajadores durante la temporada estival y la saturación turística, es cada día más evidente.
Es en este punto donde queda patente el más absoluto fracaso en el control real de la masificación turística y en facilitar el acceso a una vivienda. La supuesta política de contención puesta en práctica por parte de la máxima institución autonómica, de nuestro Consell Insular y de los ayuntamientos de la isla, es pura ficción. La frase de Vicent Marí defendiendo que «ordenar no significa prohibir o frenar, sino trabajar para avanzar y generar oportunidades para los residentes», queda muy bien sobre el papel, pero es un auténtico fracaso en cuanto a efectividad real.
Dicha frase en si misma ya es una pura contradicción, puesto que en este caso regular si debe pasar necesariamente por frenar y prohibir. De entrada hay que prohibir el alquiler turístico ilegal y empezar con ello a frenar el incesante aumento de la especulación inmobiliaria. Pero pretender que la sola lucha contra el negocio turístico fuera de la ley, bastará para que se recupere la capacidad de la mayoría de residentes para encontrar una vivienda digna a un precio asequible es pura entelequia, es decir que se trata de una pretensión que solo existe en la imaginación de los actuales dirigentes políticos, pero que no tiene ninguna base de realidad.
La población censada en la isla sigue aumentando cada año, por lo que la necesidad de viviendas seguirá también siendo cada vez mayor. Por lo tanto en vistas tanto al presente, como al inmediato futuro, sigue siendo imprescindible conseguir poner viviendas a disposición del mercado residencial. Gran parte de los informes y estudios relacionados con la problemática de la vivienda en nuestra isla, contemplan la necesidad de seguir construyendo para atender las necesidades de nuestra sociedad. Ahora bien, teniendo en cuenta que vivimos en una isla y que por tanto el territorio disponible es limitado y, para evitar que se acabe destrozando la isla tapándola de cemento, hay que contemplar la necesidad de ir un paso más allá en la supuesta regulación practicada por las instituciones y sí entrar a prohibir determinado nicho de negocio actual, con el que se comercia y no se debería permitir. Antes de seguir construyendo a marchas forzadas, hay que contemplar la necesidad de devolver cada cosa a su ámbito de actuación o negocio. Hay que dar un paso atrás y acabar también con el alquiler turístico regulado.
Son miles las viviendas que se están utilizando en este negocio y también son miles las viviendas que se necesitan para cubrir las necesidades de los residentes. Hay que cumplir con esa premisa que abandera Vicent Marí, hay que «regular» y devolver cada cosa al nicho de negocio o actividad que le corresponde; los turistas a los establecimientos construidos específicamente para la actividad turística y las viviendas, deben volver a la actividad residencial para la que fueron construidas en su momento.