Ibiza es probablemente el peor escenario posible para convertir la vivienda en munición electoral. La propia ministra Isabel Rodríguez reconoce que la isla vive una situación de «emergencia» habitacional. Hay más de 2.000 solicitudes de vivienda pública únicamente en Ibiza ciudad y Casa 47, la inmobiliaria estatal, no tiene ni una vivienda en toda Baleares. El déficit es descomunal. Rodríguez aprovechó su estancia para cargar contra el Govern de Marga Prohens por no aplicar la limitación de los alquileres y llegó a introducir expresamente las elecciones del próximo año en su discurso, contraponiendo dos modelos políticos. Su imprudencia es destacable porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene de qué presumir. A la vista está. El Gobierno de España debe responder de sus propias políticas, tan improductivas como erróneas. Can Escandell constituye un magnífico ejemplo. Los residentes actuales en Ibiza no tendrán prioridad para acceder a esos alquileres, contrariamente a lo que está haciendo el Govern con las viviendas del Ibavi. Podrá solicitarlos cualquier residente legal en España y el empadronamiento en la isla será posterior a la adjudicación.
El alcalde Rafa Triguero ya ha reclamado que se tenga en cuenta específicamente a quienes llevan años padeciendo el problema residencial ibicenco; pero el PSOE va por otros derroteros. Ibiza necesita cooperación entre administraciones. Convertir una emergencia que expulsa residentes y dificulta cubrir puestos esenciales en otro campo de batalla entre gobiernos no acerca una sola vivienda a quienes hoy no pueden pagarla. A todas las administraciones les corresponde explicar qué han hecho, qué no han hecho y cuándo estarán disponibles las soluciones prometidas. Y en las Pitiusas, la ministra de Viviendo dejó pasar una buena oportunidad de avergonzarse y pedir perdón por el fracaso.
Con el PP todo se arreglará, tranquilo. Pots pensar.