El 8 de septiembre, El Confidencial desveló el informe redactado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, titulado ‘Tertulianos. Radio y Televisión’. Un insólito dosier cuyo contenido son las fichas de numerosos periodistas en activo, incluidos directores, columnistas, tertulianos, redactores y también directivos de asociaciones profesionales. Cada uno de ellos es identificado con su fotografía y comentarios sobre su ideología: «apoya al Gobierno», «reconocido anti-sanchista», «crítico con la amnistía» y etiquetas tan jocosas y peregrinas como «afín al PSOE», «tendencia conservadora» o «independiente».
El Tribunal Supremo ya ha abierto una causa especial al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras difundirse este infamante documento; y la Agencia Española de Protección de Datos, en una investigación de oficio, analiza la naturaleza, el alcance, la utilización y la base jurídica del informe de marras. Entre los fichados figuran directivos de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
El Ministerio admite haber elaborado el dossier y dice que no es una lista negra, sino un «documento informativo de carácter interno» (sic). La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, de la que forma parte la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares, condena este inventario de sospechosos; reclama depurar todas las responsabilidades y advierte que ningún organismo del Estado está legitimado para fichar ideológicamente a los profesionales de la información.
Un fichero político con tics dictatoriales que vulnera la libertad de información reconocida en el artículo 20 de la Constitución y afecta al secreto profesional con un efecto disuasorio, un chilling effect, sobre el ejercicio de la libertad de prensa.