Lidia Serrano Tur (Formentera, 1985) cuenta con un doctorado en Derecho y su tesis, publicada recientemente por Huygens Editorial, ha sido presentada hace unos meses ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. El libro, titulado «Aguas dulces y Derecho Internacional: El agua como bien común y como derecho humano desde la perspectiva del desarrollo sostenible», ofrece un análisis minucioso de un tema que afecta a millones de personas.
—¿Qué le lleva a elegir el tema del agua para su tesis?
—La elección del tema fue casual, estaba realizando un máster sobre Relaciones Internacionales y debía presentar un trabajo final, entonces mi tutor, el doctor Rafael Grassa, me dijo que por qué no investigaba sobre los conflictos internacionales sobre el agua dulce. Me pareció interesante y durante cuatro años estuve trabajando y documentándome sobre este tema, haciendo incidencia en los casos del río Nilo y del Jordán.
—¿Cuáles fueron las primeras conclusiones?
—En principio me encontré con que la regulación internacional sobre aguas dulces, que existía hasta el 2007, no contemplaba una perspectiva social vinculada con el hecho de garantizar el acceso a un derecho humano fundamental. Parece increíble, pero ni siquiera está contemplado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos. A partir de 2008 la comunidad internacional comienza a trabajar en pos del reconocimiento de este derecho a disponer y a beber agua de calidad.
—Desde hace muchos años se dice que estamos ante la crisis mundial del agua, ¿en qué punto nos encontramos?
—Yo no creo que el problema sea que no hay agua para todos, el conflicto está en el uso que se les da a esas aguas dulces. Por primar el desarrollo económico a las necesidades básicas de las personas, nos estamos cargando derechos fundamentales y el equilibrio ecológico de los sistemas hídricos. Para casos, entre muchos, la intención de instalar una planta de celulosa en el río Uruguay o la explotación de metales pesados en Perú que afecta directamente al río Conga. Si uno mira los conflictos ambientales internacionales, muchos tienen que ver con empresas que extraen minerales para energía y que acaba teniendo un enorme impacto en la calidad de las aguas dulces y en la vida y la sanidad de las personas. Hay que tener claro que en la gestión de las aguas dulces no pueden ser todo intereses económicos si no que hay que tener en cuenta el desarrollo sostenible social y medioambiental. Insisto, es un derecho humano fundamental, se puede vivir sin muchas cosas pero no sin agua.
—Al leer su trabajo destaca que, además de lo puramente jurídico, se recogen posiciones de por ejemplo movimientos sociales, individuos o comunidades involucrados en la gestión de las aguas dulces.
—Ésta ha sido una apuesta personal, ya que, a nivel teórico, la universidad y las disciplinas científicas deben dar respuesta a las necesidades de la sociedad y estar por una justicia social y medioambiental. En mi caso formo parte del Movimiento Internacional por la Justicia del Agua y me pareció oportuno utilizar los conocimientos del derecho internacional público para dar una pequeña respuesta a este tema.
—¿Cuáles son, en este momento, los principales problemas en cuanto a la gestión del agua?
— En primer lugar los estados deben responder a los intereses mayoritarios de las personas y deben escuchar mucho más a la sociedad civil para conocer cuáles son sus reclamaciones. Desde el ámbito de las negociaciones y del Derecho Internacional Público, uno de los retos es que exista un tratado internacional que reconozca expresamente el derecho al agua y al saneamiento en todas las comunidades. Por ejemplo en Cataluña, la empresa que gestiona el servicio del agua, Aguas de Barcelona, mucha gente cree que es pública y no es así, se trata de una empresa privada y ahora en épocas de crisis personas que no han podido pagar sus facturas se encuentran con que les cortan el agua, lo que se conoce como la pobreza energética por lo que trabajar por el derecho al agua y el saneamiento es también denunciar a las empresas que se lucran con la gestión de un servicio básico que da cobertura a un derecho humano fundamental.