El presidente del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, condujo ayer la reunión prevista con representantes de su equipo de gobierno, miembros de los partidos en la oposición y expertos jurídicos para establecer las líneas generales de la iniciativa de establecer medidas de control con respecto a la entrada de vehículos en la isla.
Después de una hora y media de debate Ferrer se dirigió a los medios con un discurso escueto y que no ofrecía grandes novedades sobre la propuesta que fuera presentada hace unos meses ante el Consell d'Entitats, organismo local en el que se debaten las que se denominan como cuestiones que atañen al conjunto de la ciudadanía insular.
Letrados
Según Ferrer, «hoy se ha decidido el camino a seguir a partir de las aportaciones de los letrados presentes, Albert Muitxí y Ángel Navarro y, a partir de esta reunión, se comenzará a trabajar en una propuesta de ley cuya aprobación no será tan fácil como pensábamos, ya que lo que se pretende es regular la entrada de vehículos en la isla en temporada alta, pero todavía no queda claro si esta normativa será efectiva por tres, seis meses o para todo el año y cuál podría ser la tasa o tributo que se deba aplicar porque el concepto no es el mismo».
Unos valores que podrían ser regulados por el Consell Insular de forma anual, como cuando se acuerdan los presupuestos de la máxima institución insular.
En todo caso y con respecto a este tema, el president Ferrer apuntó que, «este asunto todavía no está resuelto ya que no hay una regulación en concreto pero consideramos que debería ser finalista; por ejemplo para mejorar los servicios de movilidad pública en la isla de una manera sostenible».
Estructura jurídica
Para Ferrer, «en esta primera reunión del grupo de trabajo se ha hablado de la estructura jurídica de esta nueva figura administrativa y debemos esperar a que cada grupo político pueda debatir internamente la propuesta», y añadió que, «se han puesto muchos temas sobre la mesa y lo que deseamos es llegar a un amplio consenso en esta propuesta».
El próximo encuentro está previsto que tenga lugar el próximo día 24 de marzo y el último a finales de abril.
A partir de ahí, el texto que resulte se deberá remitir al Parlament balear para su posible aprobación y, paralelamente, confirmar que no entra en contradicción con normativas estatales.
Tras la reunión de ayer, los representantes de los partidos políticos de la oposición, José Manuel Alcaraz por el Partido Popular y Javier Serra del GUIF, declinaron hacer declaraciones a los medios.