El conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern, Joan Boned, acompañado por el director general de Energía i Canvi Climàtic, Joan Groizard, mantuvo ayer un primer encuentro en Formentera con el president, Jaume Ferrer y los consellers de Territori, Infraestructures i Medi Ambient, Alejandra Ferrer, Rafael González y Daisee Aguilera.
La comitiva visitó la planta eléctrica de Gesa en es Ca Marí para conocer de primera mano la situación de dicha infraestructura y así luego mantener una extensa reunión en la que se trataron diferentes asuntos que desde Formentera se consideran prioritarios de resolver durante la presente legislatura.
Sobre el tema de la precaria situación energética en la isla, Jaume Ferrer comentó que, «hemos trasladado al conseller Boned nuestra preocupación por el estado actual de la estación eléctrica y de la proliferación en materia de ruidos y olores que sufren los vecinos de es Ca Marí, así como por los cortes de energía acaecidos la pasada semana por la rotura de uno de los cables submarinos, un panorama que nos obliga a decir que Formentera pende de un hilo en materia energética».
Con respecto a la planta de Endesa, el conseller Boned reconoció que «la situación no es fácil pero trabajaremos de forma conjunta entre ambas instituciones y la asociación de vecinos afectados para encontrar una solución».
En este sentido, el conseller mantuvo un encuentro posterior con los vecinos de es Ca Marí, donde escuchó sus quejas y les explicó las primeras actuaciones que desde la Conselleria a su cargo se han puesto ya en marcha. Entre ellas la remisión de una carta al Ministerio de Turismo, Industria y Energía, reclamando que se acelere la declaración de idoneidad para el cambio de la actual turbina de la central por otras nuevas y de gas, que está pendiente desde 2013.
También les informó a los afectados de que se ha hecho un requerimiento a Gesa para que informe sobre la situación actual de las instalaciones y controles de emisiones que se llevan a cabo.
Hasta que todas medidas se puedan materializar, el representante balear garantizó a los vecinos que se arbitrarán soluciones inmediatas exigiendo a Gesa la adopción de medidas de aislamiento adecuadas, seguras y suficientes de las instalaciones (para la turbina y los generadores adicionales ) que disminuyan los ruidos y las emisiones. En la misma línea, también se instará a articular medidas, como una única salida de humos, a una mayor altura para evitar los problemas que causan a las personas que viven en el entorno de la central.
Asímismo, Joan Boned les expresó que la solución al problema energético de Formentera pasa por la instalación de un tercer o cuarto cable eléctrico, cuyos trámites se comprometió a acelerar ante el Ministerio y agilizar en lo que atañe al Govern balear.
La secretaria de los afectados por esta central eléctrica, Lina Mayans, explicó que son conscientes de que los trámites requieren tiempo: «Sabemos que muchas de estas tramitaciones llevarán su tiempo, pero confiamos en que se le exija a Endesa una inversión real en las instalaciones, lo antes posible».
También en materia de energía desde el Consell se pidió el estudio de apertura de algún tipo de líneas de subvenciones para impulsar el uso de energías fotovoltaicas.
LA NOTA
Ferrer exige un cambio definitivo en el decreto de Transporte Marítimo
El presidente Jaume Ferrer solicitó al conseller Joan Boned “un cambio definitivo en el decreto de Transporte Marítimo para que se fijen las frecuencias mínimas y los precios máximos, así como una mejora y fomento del transporte público terrestre”. Sobre este asunto, tanto Ferrer como Boned, coincidieron en que durante la pasada legislatura no se realizaron inversiones en este sentido. Otro de los asuntos tratados se centró en crear un punto de información del IBAVI en Formentera para que los ciudadanos de la isla puedan resolver dudas o hacer los trámites sin tener que desplazarse a otras islas. Por otra parte, desde Formentera se pidió la liquidación definitiva del Consorci Formentera y la liquidación de la deuda del Govern con la entidad, que asciende a 3,8 millones de euros. El conseller Boned se comprometió a revisar la Ley del Suelo “ya que esta normativa se ha visto afectada en algunos puntos por leyes sectoriales como la agraria y la turística”.